La dictadura de Daniel Ortega y su criminal pareja Rosario Murillo, impulsa un esquizofrénico paquete de reformas a la Ley de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», para tratar de silenciar las ideas en las redes sociales.
La propuesta fue enviada con carácter urgente a la «Chanchera Nacional», como se le conoce al edificio donde los diputados a sueldo del régimen obedecen las órdenes del par de criminales de ancianos malignos, Ortega y Murillo.
La reforma del cartel del Carmen, busca aumentar el control estatal sobre las redes sociales y medios digitales, imponiendo severas sanciones a quienes, según la dictadura criminal de lesa humanidad, atenten contra la «tranquilidad y paz social».
Las modificaciones propuestas amplían el ámbito de aplicación de la ley para incluir delitos cometidos mediante sistemas informáticos y redes sociales tanto dentro como fuera del país.
El régimen criminal defiende estas medidas como necesarias para «reforzar la prevención, investigación y judicialización» de los crímenes relacionados con la tecnología.
Idea demencial, pero inutil de los Ortega-Murillo
Entre los artículos más polémicos se encuentra el 30, que establece penas de tres a cinco años de prisión y multas de trescientos a quinientos días para aquellos que difundan información a través de plataformas digitales.
Si la información incita al «odio, discriminación, violencia o amenaza la estabilidad económica y social», las penas pueden aumentar a cinco o diez años de cárcel, además de multas de quinientos a ochocientos días.
Las reformas también contemplan castigos más severos para quienes colaboren, faciliten o financien la difusión de contenidos considerados subversivos, con un aumento de hasta dos tercios en las condenas.
Este tipo de medidas se han convertido en una herramienta clave para el régimen de Ortega en su lucha por mantener el control sobre la narrativa pública.
Represión entre condenas internacionales
Este nuevo intento por modificar la Ley Mordaza ocurre en un contexto de creciente represión contra medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Diversos sectores han denunciado que la administración Ortega utiliza estas normativas para perseguir a sus críticos y restringir la libertad de expresión, justo cuando la oposición y el descontento social parecen ganar fuerza.
Organismos de derechos humanos y periodistas han alertado sobre el riesgo de que estas reformas agraven la censura y aumenten la persecución de voces disidentes, lo que profundizaría el ambiente de represión que ya impera en Nicaragua.