La represión de la dictadura sandinista contra los pueblos indígenas alcanzó un punto crítico en la costa caribe del país, donde al menos 66 organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido clausuradas desde 2018.
Expertas en derechos humanos denunciaron que estas medidas represivas tienen como objetivo silenciar las denuncias sobre 643 actos de violencia y crímenes contra los pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) documentados durante 2024.
Desde 2018, el régimen de Ortega ha intensificado la eliminación masiva de ONG en Nicaragua como parte de una estrategia más amplia de represión y control social.
Según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, más de 3.000 ONG han sido canceladas en el país en los últimos seis años.
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Este proceso de clausura forzada comenzó tras las protestas de abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la renuncia de Ortega y denunciar la corrupción y los abusos del régimen.
En respuesta, el régimen sandinista inició una campaña sistemática para desmantelar cualquier forma de oposición o crítica, atacando especialmente a las ONG que trabajan en defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, y la protección de los derechos indígenas.
Las cancelaciones se han realizado bajo pretextos legales como la falta de cumplimiento con regulaciones fiscales o de registro, pero defensores de derechos humanos aseguran que son excusas para acallar las críticas.
Muchas de estas organizaciones son acusadas de recibir financiamiento extranjero para promover actividades desestabilizadoras, una narrativa que el gobierno de Ortega utiliza para justificar su represión.
Violencia sistemática y represión estatal
Entre las ONG canceladas se encuentran desde grupos de apoyo comunitario y asociaciones culturales hasta instituciones dedicadas a la protección ambiental y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua han sido esenciales en la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos, incluyendo la represión contra los pueblos indígenas.
Según fuentes comunitarias que piden anonimato por temor a represalias del régimen, estos ataques a las ONG son una estrategia deliberada para encubrir la impunidad en los casos de violencia perpetrada por colonos invasores en los territorios indígenas.
«De los 643 hechos violatorios documentados, ninguno ha sido llevado a juicio. Las instituciones del Estado no reciben las denuncias interpuestas por los indígenas y mucho menos emiten sentencias condenatorias contra los perpetradores», afirmaron las defensoras.
Los informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, y presentados como pruebas ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detallan una serie de abusos cometidos en un contexto de absoluta impunidad:
- 4 indígenas asesinados,
- 74 desplazamientos forzados,
- 49 usurpaciones de propiedades, 10 violaciones sexuales, y
- 39 casos de agresiones físicas y psicológicas contra mujeres indígenas.
Estas cifras muestran un escenario de violencia sistemática contra los pueblos indígenas de la RACCN, alimentado por la falta de acción estatal y la complicidad con los agresores.
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Intereses económicos y explotación de los territorios indígenas
Las fuentes también acusan al régimen de Ortega de fomentar la violencia como parte de una política de cohabitación forzosa entre colonos y comunidades indígenas, destinada a facilitar la explotación económica de los territorios.
“Esta política favorece a los colonos armados, quienes practican actividades como la ganadería extensiva y la minería, desplazando a las familias indígenas y causando severos daños ambientales en áreas protegidas con suelos de vocación forestal», explicaron.
La estrategia del régimen se centra en promover el desarrollo nacional basado en actividades extractivistas, lo que facilita la llegada de empresas extranjeras y la invasión de los territorios sin control ni consentimiento.
Reclamo internacional por los derechos indígenas
«Esto no solo agrava el conflicto, sino que perpetúa el ciclo de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas», subrayaron las defensoras.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han expresado su creciente preocupación por la situación en Nicaragua.
Han instado a una intervención urgente para proteger los derechos de los pueblos indígenas y exigir al gobierno de Ortega que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la respuesta del régimen hasta ahora ha sido continuar con la represión y el silenciamiento de las voces disidentes, dejando a los pueblos del caribe en una situación de indefensión y vulnerabilidad.