Por Café con Voz
Malas noticias le llegan a la dictadura en julio y a las puertas de la celebración de su fiesta partidaria: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), integró la ley Magnisky Nica-Act al marco jurídico de Estados Unidos como base legal para aplicar sanciones a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua.
Así, Estados Unidos amplió la capacidad de sancionar no solo a funcionarios, instituciones y persona involucradas en la represión de 2018, sino a instituciones y personas implicadas en actos de corrupción y lavado de dinero.
Antes de esta fusión de herramientas jurídicas, la mayor parte de las resoluciones de la OFAC en cuanto a sanciones únicamente tomaba en cuenta la orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump.
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Nuevo escenario de sanciones
Con este acto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos abre todos los escenarios posibles para las sanciones al régimen de Ortega-Murillo, al incorporar la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (Nica Act) al Reglamento de aplicación de sanciones a Nicaragua, con lo que según expertos, estarían preparándose nuevas sanciones a funcionarios orteguistas sin contar con la firma del presidente Trump.
Esta reforma al reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal este 17 de julio, indicó el Tesoro en su sitio web.
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Esta fecha es simbólica porque la dictadura lo celebra como “El Día de la Alegría“, por la fecha en que Anastasio Somoza Debayle se fue del país en 1979.
Antes de este cambio en el sistema de sanciones, la administración Trump por decreto había declarado la situación de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y al incorporar la Nica Act aprobada por mayoría en el Congreso, Estados Unidos fortalece la capacidad del Departamento del Tesoro de aplicar sanciones sin la autorización de la Casa Blanca.
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Se le pone peor la vaina a la banda de Ortega
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, firmada por Trump en diciembre de 2018 tras su aprobación en el Congreso estadounidense, no solo establece el condicionamiento de préstamos para Nicaragua en organismos multilaterales, sino que mandata la imposición de sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen de Daniel Ortega involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.
La Nica Act además abarca la posibilidad de realizar investigaciones sobre la participación de altos funcionarios del régimen de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.