La censura y cierre de espacios informativos, además del terrorismo con el estado policial de facto, no ha provocado que la población nicaragüense deje de colaborar con el periodismo independiente para la publicación de historias e investigaciones, afirmó Álvaro Navarro, director del medio de comunicación Artículo 66.
Navarro, en su medio, junto a Nicaragua Investiga y Darío Medios, publicó una investigación en la que se demuestra como la dictadura ha repartido millonarias propiedades en Tola, Rivas, a testaferros con el presunto objetivo de luego comercializarlas ante la construcción de la carretera costanera.
“Nos conviene al país y al periodismo en general que estas historias se sepan. Por eso pensamos que la colaboración de varios colegas y medios era importante”, aseguró Navarro.
El periodista aseguró que gracias a la contribución de fuentes, a la población nicaraguense, a funcionarios y empresarios honestos, se logró recopilar la información.
Leer la investigación:
“La carga de batería de todos los periodistas es encontrarse con ciudadanos honestos que trabajan en el estado, de empresarios que son víctimas de los mecanismos extorsivos de la dictadura que brindan información. La dictadura no tiene control de todo, ni de todos los mecanismos de investigación porque se pudo hacer reporteo en la zona. Se puede hacer periodismo”, expresó.
No obstante, asegura que el periodismo de investigación nicaraguense podría “hacer más” si existiera apertura de las instituciones estatales para explicar este tipo de escándalos de corrupción.
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“El gran problema que tenemos es que no podemos contrastar directamente con la fuente porque corremos el riesgo de que nos encarcelen. También las instituciones no dan información, porque en un país normal, la Procuraduría debería sentar a los implicados para que expliquen”, señaló.
La investigación publicada en Artículo 66, Nicaragua Investiga y Darío Medios Internacional, señala que en 2020, cuando el país estaba azotado por la pandemia de covid-19, la Procuraduría General de la República (PGR) avaló la donación de la propiedad a Javier Ernesto Morales Cuadra, un ingeniero civil allegado a hijos de la familia presidencial y hermano mayor de un importante testaferro de la familia Ortega-Murillo, según documentos públicos compilados en los últimos tres años para esta investigación.
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A pesar de que la PGR es la abogada del Estado, es decir la que debe velar por las propiedades públicas, el 19 de junio de 2020 el abogado y notario VI del Estado, Rafael Mena Calero, mediante la escritura pública 1,035, avaló la desmembración de la propiedad para que Morales Cuadra pudiera inscribirla bajo su nombre.
Javier Ernesto Morales Cuadra es hijo del publicista sandinista Adán “El Flaco” Morales y hermano mayor de Eduardo Germán Morales Cuadra, un testaferro de la familia Ortega-Murillo, que aparece como socio en ocho empresas de las 22 que la familia presidencial usa para hacer negocios con el Estado, según una investigación del periodista Octavio Enríquez, en Confidencial.