En el Día que se recuerda la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, muestra que en Nicaragua todos han sido aplastados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciendo énfasis en el destierro y apatridia decretada contra centenares de nicaragüenses, mientras otros la sufren de facto por verse impedidos de volver a su tierra natal.
«En la celebración este 10 de diciembre del 75° aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos bajo el lema de “Dignidad, libertad y justicia para todas las personas”, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, pide a las naciones del mundo, no olvidar al pueblo de Nicaragua que desde abril de 2018, exige un trato digno, clama por libertad y busca a diario justicia ante los numerosos crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos constantemente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos como recordatorio de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A pesar de ser víctimas de persecución, acoso, encarcelamiento, tortura, desnacionalización y confiscación de bienes, los nicaragüenses continúan denunciando los abusos y atropellos cometidos por el régimen a través del aparato represor de la Policía, el Ejército, jueces/zas, fiscales, diputados/as y paramilitares al servicio de la dictadura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra como derechos inalienables la igualdad sin importar raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición como personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas migrantes.
Sin embargo, esta declaración ha sido pisoteada por la dictadura de Nicaragua que, incluso, ha desnacionalizado y confiscado los bienes de más de 300 nicaragüenses que en su mayoría estuvieron hasta tres años detenidos ilegalmente en cárceles donde fueron sometidos a malos tratos y torturas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su artículo 15 que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente” de esta ya que perjudica y destruye la vida de las personas afectadas, porque les dificulta desde obtener documentos de identidad y de viaje hasta limitar sus capacidades.
Cientos de nicaragüenses se encuentran en estos momentos en apatridia declarada y otros de facto debido a la persecución en Nicaragua que les impide volver al país. En abril de 2018 se inició una profunda crisis sociopolítica en este país que dejó según nuestras investigaciones y la de varios informes internacionales de organismos de derechos humanos, al menos 355 muertos, miles de heridos y detenidos.
Desde ese entonces la dictadura ha cerrado alrededor de 3,542 organismos de la sociedad civil, al menos 34 universidades, campus y asociaciones universitarias, partidos políticos, medios de comunicación y ha perseguido a la iglesia expulsando a más de 200 religiosos. Además condenó al obispo Rolando Álvarez a más de 26 años de prisión.
El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, quien este año también fue despojado de su nacionalidad y sus bienes confiscados por su constante defensa de los derechos humanos a través de su trabajo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y este Colectivo, señaló que esta medida violenta la Constitución de Nicaragua y la Declaración Universal de Derechos Humanos porque la nacionalidad es un derecho humano universal y ningún país puede privar de esta a sus ciudadanos.
Como Colectivo reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por una Nicaragua más justa donde sus habitantes puedan vivir libres, con dignidad y con el pleno cumplimiento de sus derechos y que tengamos un país libre y en el que se respeten los derechos humanos». Denuncian aislamiento total del sociólogo Freddy Quezada en prisión