Las movidas dentro del Poder Judicial de Nicaragua y las reformas que lo despojan del Registro Público, son parte de un mecanismo para centralizar la corrupción, a criterio del abogado Uriel Pineda.
El pasado 31 de octubre, una circular de la Corte Suprema de Justicia, firmada por Rubén Montenegro Espinoza confirmó que el magistrado sandinista Marvin Aguilar es “Magistrado presidente en funciones” del Poder Judicial, desplazando a Alba Luz Ramos.
«Con instrucciones del Doctor Marvin Ramiro Aguilar García, Magistrado Presidente en funciones de este poder Supremo Tribunal y en concordancia con el comunicado emitido por el Ministerio del Trabajo el treinta de octubre del año dos mil veintitrés, se concede, asueto con goce de salario el día jueves dos y asueto a cuenta de vacaciones el día viernes tres de noviembre» indica el comunicado firmado por Rubén Montenegro Espinoza, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.
Este martes, el Parlamento, al servicio de la dictadura, quitó el control del Sistema Nacional de Registro a la Corte Suprema de Justicia.
A través de seis reformas aprobadas en la Asamblea Nacional, el régimen le traspasó el Sinare a la procuraduría General de la República (PGR), lo que significa un traspaso al Ejecutivo de todos los registros públicos.
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“El régimen quiere agilizar la expresión represiva con las propiedades. También quieren centralizar cualquier información y la corrupción y quieren contener el lucro y el abuso que había en la Corte Suprema de Justicia”, dijo el abogado Uriel Pineda en entrevista a Café con Voz.
“Es una práctica desde el inicio: entenderse con un solo actor con la corrupción. El gobierno está urgido en recursos así que la corrupción de todo el trámite registral va a ser asumida por el régimen y atender temas clientelares”, añadió.
“Es detener que les sigan robando a ellos mismos, no es asunto de luchar contra la corrupción, ese tener el control de toda la corrupción”, sostuvo.
Quieren frenar implosión
Según Pineda, el régimen está tratando de evitar una implosión en el caso de que el dictador Daniel Ortega fallezca.
“En Nicaragua hay una sensación de paranoia y no controlar un descontento. La sucesión dinástica se enfrenta al reto de mantener la cohesión cuando Ortega no esté”, afirmó.
¿Golpe de Estado?
A criterio de Pineda, estas acciones no son un golpe de estado, debido a que este Poder no es independiente.
“No lo veo como Golpe de Estado, sino como un descaro de falta de independencia de poderes del Estado y como un mensaje a otros funcionarios”, afirmó.
“Desde que llegó Ortega, en Nicaragua se ha anulado cualquier independencia a los poderes del Estado. La Independencia fue entregada por los funcionarios quienes deben sus cargos a favores”, añadió.