La Universidad Centroamericana (UCA) confirmó a través de un correo electrónico a toda la comunidad educativa, que la dictadura ordenó la confiscación del alma mater al acusarla de terrorismo, disposición que consideró “infundada”.

Según la comunicación de la UCA, el 15 de agosto a las 5:29 de la tarde, recibieron de oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, en la que confirmaban la confiscación.

“En razón de ello, la Universidad Centroamericana (UCA) suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, señala el correo institucional.

Según la comunicación de la UCA, el oficio establece lo siguiente:

  1. La incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA.

2. Se ordena que la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos.

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3. Se giran oficios a las siguientes instituciones: Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la SIBOIF, Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República para lo de sus cargos.

“Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, destacan en la comunicación.

“Ante todo esto, la Universidad Centroamericana reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años. La Universidad Centroamericana (UCA) agradece la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta alma mater”, añaden.

Más temprano se conoció de forma extraoficial la incautación de bienes de la UCA.  

Adicionalmente, religiosos de la Compañía de Jesús, orden religiosa a cargo de la UCA, abandonaron el país para evitar represalias del régimen.

También otra fuente informó que la Junta Directiva del centro de estudios superiores se encuentra en una sesión extraordinaria para “ver” que últimas acciones se pueden tomar.

“Con la confiscación de la UCA se pone una lápida a la educación superior en el país. Esta casa de estudio es un símbolo de resistencia y defensa de valores democráticos y de justicia que la dictadura de Ortega Murillo intenta silenciar y controlar como parte de un proyecto político de consolidación de un modelo autoritario dinástico de partido único mediante el control político de todos los sectores de la sociedad nicaragüense”, reaccionó Asunción Moreno, ex docente de este centro de estudios.

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Entre congelamiento y cancelación de licencias

El pasado 14 de agosto, la dictadura sandinista, a través del Poder Judicial, anuló la acreditación del Centro de Mediación Alterna de Conflictos de la Universidad Centroamericana (UCA), en el marco del incremento de presiones por parte del régimen contra ese centro de estudios superiores propiedad de la Compañía de Jesús.

Según la publicación de La Gaceta, Diario Oficial de este lunes 14 de agosto, la resolución se emite a raíz de la solicitud de la Msc. Suhey Mercedes Fúnez Narváez, identificada como directora del Centro de Mediación de la UCA.

La semana pasada, la dictadura sandinista ordenó congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), casa de estudios de la Compañía de Jesús y que ha sido víctima de vejámenes por parte del régimen a partir de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Fuentes allegadas al Ministerio de Gobernación informaron al medio de comunicación Divergentes, que la dictadura decidió congelar las cuentas, a como lo ha realizado con las parroquias diocesanas de Nicaragua, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles o si se trata de una investigación judicial alrededor de los fondos de la casa de estudios.

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