La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó por consenso la resolución “La crisis de derechos humanos en Nicaragua”, que no condena al régimen Ortega-Murillo, pero que mantiene los señalamientos contra la represión en el país.
La resolución expresa preocupación por el incremento de la crisis, a la vez que insta a la dictadura a retomar sendas democráticas.
Ronald Sanders, representante de Antigua y Barbuda, única delegación que intervino antes de la votación por consenso de la resolución, aseguró que todos los esfuerzos para reestablecer la democracia en Nicaragua, han obtenido “respuestas con desdén” por el régimen sandinista.
“Es esencial que presentemos un mensaje firme ante el gobierno de Nicaragua condenando la represión y opresión persistentes de los oponentes políticos, los medios, las entidades religiosas, incluyendo la iglesia católica, de las organizaciones caritativas como la Cruz Roja …El aire de nuestro hemisferio debe estar libre de la peste de la represión y la opresión los derechos de las personas individuales y nuestras sociedades deben actuar sin titubear para salvaguardar la libertad, dejando poco espacio para aquellos que quieran limitarlos” expresó el embajador Sanders. La palabra condena no está en el texto, pero Sanders la usó en su alocución.
La resolución mandata al Consejo Permanente de la OEA, a que siga ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, con acciones adicionales, e “instando al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua a que haga que la agenda para cualquier diálogo con las autoridades nicaragüenses sea lo más amplia posible en el marco del respeto a la democracia, el derecho internacional”.
El borrador de la resolución que discutió la Asamblea General, si bien no asumió los términos propuesto en el borrador la delegación del presidente brasileño, Lula Da Silva, se limita a reiterar las solicitudes al régimen para que respete los derechos humanos y le recomienda cumplir con sus obligaciones.
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La resolución insta a cesar todas las violaciones a los derechos humanos, dejar sin efecto la privación de nacionalidad a disidentes y solicitar a los países miembros hacer todo lo posible para iniciar un diálogo con la dictadura al más alto nivel.
Este es el quinto año consecutivo que la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución sobre la situación de Nicaragua, tras la represión a raíz del estallido de abril de 2018.