Los senadores Bill Cassidy y Tim Kaine introdujeron el anteproyecto de Ley de Apoyo a los desterrados Políticos de Nicaragua, destinado a proporcionar beneficios a los ex secuestrados de la dictadura nicaragüense y a sus familiares directos, luego de haber sido desterrados el pasado 9 de febrero.
La Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua ha sido leída y remitida al Comité de la 118ª sesión del Congreso de los Estados Unidos.
Según una nota de prensa de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, el proyecto de ley define a los ciudadanos nicaragüenses elegibles, establece requisitos de elegibilidad y describe los beneficios disponibles para ellos, incluyendo asistencia para la reubicación, programas de derechos y servicios de bienestar infantil. La ley también incluye reglas de construcción y exenciones de la Ley de Reducción de Trámites.
“Los 222 exprisioneros políticos que fueron detenidos en Nicaragua por su oposición a la dictadura de Daniel Ortega fueron sometidos a prácticas ilegales, incluyendo la privación arbitraria de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes”, expresó Félix Maradiaga, desterrado político.
“Para continuar su trabajo en defensa de los derechos humanos, necesitan una estabilidad básica como permisos de trabajo y un camino rápido hacia el estatus legal en los Estados Unidos. Este proyecto de ley apoya sus esfuerzos como luchadores por la libertad y demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos en la lucha contra la tiranía a nivel global», añadió el opositor.
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Maradiaga también expresó su gratitud a los senadores Cassidy y Kaine, declarando: «Este proyecto de ley es un paso crucial en el reconocimiento de la difícil situación de los prisioneros políticos nicaragüenses y sus familias, que han buscado refugio en los Estados Unidos. Es reconfortante saber que hay senadores como ustedes que están comprometidos con defender los derechos humanos y brindar apoyo a quienes lo necesitan».
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Los beneficiarios tendrán asistencia de reasentamiento, también estará a su disposición programas de derechos y otros beneficios que están disponibles para los refugiados admitidos bajo la sección 207 de la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad.
La dictadura sandinista despojó de su nacionalidad a 317 nicaraguenses. Primeramente, a 222 que desterró a Estados Unidos y posteriormente realizó un juicio en ausencia en el que eliminó la nacionalidad a un grupo de 94 disidentes que, en su mayoría, se encontraban en el exterior.