La red regional Voces del Sur presentó su informe mensual de violaciones a la Libertad de Prensa, correspondiente al mes de noviembre 2022, en el que se registraron un total de seis casos de violaciones.
Voces del Sur señaló que cinco casos fueron perpetrados en contra de periodistas (83.3 %), y uno en contra un medio de comunicación (16.7 %).
De las personas naturales dos son del género femenino y dos del género masculino. En uno de los casos un periodista fue víctima de amenazas en redes sociales en dos oportunidades.
“Queremos destacar que por cuarto mes consecutivo la periodista Yahaciela Barrera, ha sido víctima de agresiones y amenazas; lamentamos que la RACCS siga siendo una región de alto riesgo para ejercer el periodismo independiente”, señala el informe de Voces en Libertad.
Voces del Sur reportó que en el mes de noviembre, al menos cuatro periodistas se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica.
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“También conocimos y tenemos el registro de cinco denuncias de amenazas y asedio por parte de agentes policiales y paraestatales, producidas en el contexto del proceso de las votaciones municipales. No las registramos a solicitud de las víctimas”, señaló.
Tres ciudadanos acusados por menoscabo a la integridad nacional y ciberdelitos
El Promotor de la Libertad de Prensa en el departamento de Carazo, conoció que tres ciudadanos fueron enjuiciados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Las personas acusadas son Sandra Del Carmen Acevedo Díaz y Allan Sebastián Bermúdez, originarios de Diriamba. Estos fueron remitidos a juicio el pasado 21 de noviembre, así mismo Karla Patricia Vega, originaria del municipio de El Rosario, quien se mantiene detenida sin acceso a defensa y sin información para su familia.
“Una vez más expresamos al Estado de Nicaragua la necesidad de poner fin a la utilización de las leyes represivas en contra de sus disidentes; hacer uso de las tecnologías de la comunicación e información no es un delito. Es necesario preservar el derecho y la seguridad de los ciudadanos, teniendo presente su dignidad y el respeto a sus libertades fundamentales”, señaló Voces del Sur.
“Así mismo, es necesario recordar que independientemente de todas las medidas represivas que se apliquen, las noticias, las denuncias y todas las irregularidades que se cometan en contra de los ciudadanos y la prensa independiente, se continuará registrando y denunciando como se ha venido haciendo desde 2018”, añadió.