Entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año, se registraron 385 casos de violencia política en Nicaragua, de acuerdo al último informe del organismo Urnas Abiertas.
Estos actos se registraron en 52 de los 153 municipios de Nicaragua, no obstante, la organización señala que tres de estos eventos se registraron fuera del territorio nacional, pero bajo la estructura represiva coordinada por el régimen dictatorial de Daniel Ortega.
En el informe se indica que en siete departamentos se concentran el 80% de los hechos de violencia política, siendo estos Managua, Granada, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Jinotega.
El documento afirma que «cinco de cada 10 hechos responden a asedio y hostigamiento (199) los demás hechos se categorizan como: persecución judicial (42), medidas administrativas (40), agresión (37), tortura y malos tratos (31), detención (24), muerte (2) y otros (10).
Abril el mes más intenso
Según Urnas Abiertas, la mayor cantidad de hechos de violencia política en los primeros seis meses de 2022, ocurrieron en abril, mes que la oposición conmemora el aniversario de las manifestaciones contra Ortega. En abril se registraron 164 sucesos violentos, una cantidad superior a los 69 registrados en junio, los 60 de mayo, o los 49 de febrero, los otros meses más agitados. Organizaciones de oposición conmemoran cuarto aniversario de las protestas de abril.
Esto «responde a un patrón de los últimos cuatro años en el cual se da un incremento de violencia política en las fechas conmemorativas o festivas, en este año por el cuarto aniversario del inicio de las protestas sociales en 2018».
“En tres de cada diez hechos de violencia política registrados se observó como víctima principal a la ciudadanía en general, es decir, personas que no están involucradas en organizaciones políticas o sociales, tampoco son periodistas, defensoras, trabajadores del Estado o víctimas directas de las graves violaciones de derechos humanos”, indicó Urnas Abiertas.
El observatorio responsabilizó de los sucesos violentos a la Guardia Sandinista, la Fiscalía, el Poder Judicial, Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio de Gobernación, alcaldías y la Dirección de Migración y Extranjería, entre otros.