La dictadura sandinista no cumple con los estándares mínimos para prevenir la trata de personas, según un informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ubica a Nicaragua en el Nivel 3 en esta categoría, la más baja que presenta el documento.
Estados Unidos destaca que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluido el enjuiciamiento de ocho presuntos traficantes y condenó a cuatro traficantes sexuales.
Estados Unidos señaló que la dictadura continuó restando importancia a la gravedad del problema de la trata en Nicaragua y que Nicaragua no contó con una preparación adecuada para evitar la trata de personas en albergues en el contexto de la pandemia de la Covid-19.
“Existen informes contradictorios de la sociedad civil sobre el aumento de casos durante la pandemia señala que Nicaragua no contaba con albergues ni asignaba fondos para servicios especializados a las víctimas”, expone el informe.
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También establece que el gobierno hizo esfuerzos insignificantes para abordar el tráfico laboral, aunque seguía siendo una preocupación seria; y los esfuerzos de identificación de víctimas seguía siendo inadecuado.
Régimen niega explotación de nicaraguenses en el exterior
Por su parte, el régimen de Daniel Ortega desconoce los casos de tráfico de nicaragüenses y explotación en otros países, pese a los informes de autoridades.
“El gobierno no informa cualquier investigación, enjuiciamiento o condena del gobierno empleados cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada. El gobierno no cooperó con ONG para brindar servicios de protección o incluir a la sociedad civil en la coalición nacional contra la trata”, añade.
Recomendaciones de Estados Unidos
Estados Unidos recomendó a Nicaragua iniciar procesos de investigación judicial y trabajar de la mano con organizaciones no gubernamentales en la capacitación de funcionarios del estado sobre trata de personas.
Estados Unidos destacó que el régimen procesó a ocho presuntos traficantes en 2021, en comparación con el enjuiciamiento de cuatro presuntos traficantes sexuales en 2020 y uno en 2019.
“El gobierno detuvo a siete de los ocho acusados tratantes en prisión preventiva; impuso cargos contra el octavo en ausencia. El gobierno condenó a cuatro traficantes sexuales, en comparación con no condenar a ningún traficante en 2020, 2019 y 2018”, señala.
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Sin embargo, la dictadura no informó de ningún esfuerzo de aplicación de la ley para combatir tráfico laboral por segundo período de informe consecutivo, ni informó cualquier investigación, enjuiciamiento o condena.
Por esta razón, Estados Unidos alerta que en Nicaragua existe complicidad de algunos funcionarios del Estado en casos de trata de personas.
“Aunque la corrupción era endémica, el gobierno no tenía políticas para prevenir la complicidad oficial en el tráfico, contribuyendo a un ambiente de impunidad y potencialmente disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien los delitos de trata”, añade.
Además, los funcionarios no identificaron víctimas en el Caribe, donde la pobreza endémica y la limitada presencia oficial contribuyeron a una importante vulnerabilidad a la trata.
Además, la dictadura no financió ni apoyó a las ONG que proporcionaban la mayoría de servicios de protección a víctimas disponibles en el país, dejando sin víctimas asistencia vital.