Las organizaciones opositoras en Nicaragua calificaron al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, como cómplice de la dictadura sandinista, debido a la visita del directivo del organismo financiero multilateral, Dante Mossi, a Managua para sostener encuentros con representantes del sector privado y el régimen de Daniel Ortega.
El BCIE sostuvo encuentros con 13 cámaras de comercio y presentó alternativas y ventajas de sus programas dirigidos al sector privado.
“El BCIE está siendo cómplice de Ortega al reunirse con una empresa privada cuyos directivos electos están encarcelados, por tanto, quienes se presentan a esta sesión lo hacen porque se les lleva con una pistola en la sien o porque son partícipes del actuar de la dictadura”, señala.
Las organizaciones opositoras señalan que a pesar de las reiteradas denuncias en medios de prensa de que esta institución financiera se excede en su respaldo al régimen del dictador Ortega, este jueves se intentó crear un nuevo respaldo del presidente del BCIE a la política de Ortega-Murillo para reconstruir con la empresa privada un nuevo pacto.
“El BCIE ha hecho caso omiso a las resoluciones del sistema Inter americano integrado en la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto en materia de violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como la declaración de ilegitimidad resultante de la farsa electoral de noviembre pasado”, señalan las organizaciones.
Préstamos del BCIE son inmorales
Añaden que por lo tanto, resulta contradictorio e inmoral su financiamiento a un régimen ilegítimo.
La oposición solicitó al directorio del BCIE revisar su política de crédito hacia la dictadura sandinista, con relación a las denuncias sobre gobernabilidad, derechos humanos e incumplimiento de condiciones para ejecución de proyectos.
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Señalan que el descuido del BCIE sobre las condicionalidades para otorgar préstamos a Nicaragua ha implicado que sus proyectos sean cómplices de la deforestación de zonas protegidas, así como del delito de tráfico ilegal de madera.
“En otros casos se denunció que los fondos han sido desviados para financiar la represión, incentivar la corrupción o para paliar el déficit fiscal que en su desgobierno este régimen enfrentaba. El BCIE no investigó estas denuncias, por lo que los directores del banco se están convirtiendo en cómplices de la dictadura al ignorar los reclamos del pueblo nicaragüense”, señalan.
“Las organizaciones de la oposición nicaragüense, abajo firmantes, se dirigirán nuevamente tanto a la Asamblea de Gobernadores como al directorio ejecutivo de este Banco, con la demanda de que escuchen nuestros planteamientos para una necesaria reconsideración de sus políticas crediticias en situaciones extremas, como la de Nicaragua”, concluyen.
Este jueves el BCIE ofreció a los representantes del sector privado con los que se reunió este jueves en su nueva sede en Managua, la ejecución y financiamiento de varios programas por 400 millones de dólares.
Sin embargo, no está claro si participaron empresarios aliados a la dictadura sandinista, según reveló a Confidencial uno de los líderes empresariales.
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“En ningún momento vi a ninguno de los empresarios que apoyan al Gobierno” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo un empresario en condición de anonimato, en referencia a la Asociación en pro del Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua, Aprodesni.
Por otro lado, los medios de comunicación de la dictadura no divulgó información sobre el encuentro.
Nuevo pacto entre la dictadura y el gran capital
El sociólogo y economista Oscar René Vargas no duda que esto sea el reflejo de un nuevo pacto entre la dictadura y el gran capital de Nicaragua, luego de cuatro años de ruptura del modelo de diálogo y consenso, a raíz de la crisis sociopolítica.
“Por otro lado, en el contexto del «arreglo» Biden Maduro hay que leer las gestiones del hijo de Ortega para llegar a un acuerdo con EEUU. Igualmente, la firma del acuerdo con China para construcción de vivienda por un monto de US$ 60 millones de dólares, monto que permitiría construir unas 3,000 viviendas (US$ 20 mil dólares por vivienda) para satisfacer la demanda de los paramilitares y su base fanatizada”, señaló Vargas.