Mientras la Procuraduría de la dictadura Ortega-Murillo, emitía un comunicado y fotografías, en los cuales trataba de vender la imagen de que los archivos y pertenencias de la OEA, no habían sido violentados, un especialista en administración de justicia, afirmaba que el régimen solo trata de justificar el golpe artero al derecho local e internacional.
Este jueves, la dictadura desalojó las instalaciones de la OEA, mientras la Procuraduría General de la República, señaló que “dio cumplimiento” a las medidas dictadas por el régimen y que entregó a los funcionarios administrativos los equipos, archivos y otras pertenencias de la OEA en su sede en Managua.
“Como consta en fotografías, videos y expedientes, estas pertenencias no han sido ni usadas ni violentadas por nadie”, señala un comunicado de la Procuraduría que calificó de “infame y destructiva” a la OEA.
Además, la Procuraduría, utilizando términos comunes de la vicedictadora Rosario Murillo, despotricó contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“El deplorable y oscuro cachivache imperial, Luis Almagro, como palillón de desfiles provincianos, sigue creando y usufructuando falacias, mentiras, con las que montan, en pompa y circunstancia, impúdicas y calumniosas campañas, negando los derechos humanos, válidos, urgentes e indispensables para la vida. Esos derechos humanos que tanto manipulan y malversan, para su propia condena histórica”, señaló Murillo a través del comunicado de la Procuraduría.
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Dictadura trastoca sistema universal
El abogado Yader Morazán, a través de su cuenta de Twitter, analizó el contexto de la confiscación y señaló que la dictadura ha trastocado al sistema interamericano y al sistema universal.
Morazán reitera que la OEA goza en el territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades diplomáticas, según el artículo 33 de la Carta de la organización y que Nicaragua tiene la obligación de respetar esos compromisos, siendo o no parte del organismo.
“Nicaragua sólo quedará desligado de la OEA y sus instrumentos, hasta después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la Carta de la OEA, tal como lo dice la parte ínfima del art. 143 del mismo instrumento intl. ¡Porque nadie puede irse sin cumplir lo acordado!”, señaló Morazán.
Morazán señaló que el Estado donde se encuentre la sede diplomática no debe perpetrar sin el consentimiento del jefe de la Misión. Esta inmunidad se extiende a la protección del personal y sus medios de transporte, y obliga al Estado receptor a garantizar el cumplimiento de ese compromiso;
“A su vez, la sede de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución (Art. 22 de la Convención de Viena para relaciones diplomáticas)”, destacó.
Pese a que existan condiciones de guerra o ruptura de relaciones diplomáticas, Nicaragua debe respetar y proteger los archivos y al personal, según el artículo 45 de la Convención de Viena.
Esta convención tiene carácter de ley en Nicaragua, y también cobija a todos los Estados Miembros de la ONU o de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
“Pero, los nicaragüenses sabemos que los Ortega-Murillos no entienden de razones, por ello, espero que este nuevo robo que trasciende de las fronteras no les vuelva a causar risa a los empresarios y sirva para enseñar al mundo lo desquiciados que están los dictadores del Carmen”, añadió.
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Propiedad expropiada era de cónyuge de periodista oficialista cubano
El edificio que ocupaba la OEA en Nicaragua, confiscado por la dictadura pertenecía, hasta esta semana, a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, según reveló La Gaceta, Diario Oficial, este miércoles 27 de abril.
Luz Marina Navarrete Guerra es esposa de Pedro Rioseco, periodista cubano de la agencia oficial Prensa Latina, quien reside en estos momentos en la Isla, mientras que la segunda, casada con un estadounidense, sí residía en Nicaragua.
Según el medio internacional 14 y MedioRioseco, natural de Camagüey, muy bien considerado por el oficialismo, conoció a Luz Marina Navarrete cuando estuvo destinado en suelo nicaragüense, entre 1986 y 1989, cuando los sandinistas estaban en el poder y los «asesores» cubanos pululaban por Nicaragua.
Morazán asegura que para el proceso administrativo de Expropiación por “Utilidad Pública” es irrelevante la titularidad, dominio o posesión, pero no así con los requisitos legales, mecanismos utilizados, plazos, justificación de la necesidad, indemnización y el debido proceso seguido por el Estado, mismo que queda en evidencia con el sólo acto de correlacionar los hechos con el acuerdo No.10-2022 y lo que dice la ley.
“El acto y acuerdo administrativos son inconstitucional, por violentar el Principio de Legalidad (art. 32, 130, 160 y 183Cn) y Principio del debido proceso, derecho a la defensa del afectado, que presupone de tiempo y medios adecuados para deducir oposición (art. 34.4 Cn)”, señaló Morazán.
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Dictadura actúa “de atrás para adelante”
El abogado señala que la dictadura aplica retroactividad a sus decretos y leyes, por lo que son inconstitucionales. Esto se demuestra al admitir en el acuerdo de confiscación que el mismo entrará en vigor a partir de su publicación en La Gaceta.
No obstante, la dictadura ocupó la sede previo a la publicación del acuerdo en La Gaceta, Diario Oficial.
“Primero se debió Declarar la “Utilidad Pública“ con detalles de la obra, servicio o programa, y después la Expropiación, dando tiempo al arrendatario para sacar sus cosas. Por eso es que ahora no saben qué hacer con los bienes de adentro”, señala.
El especialista considera que el acuerdo no fundamenta las razones de la “Utilidad Pública”, aclarando en qué contribuye a los fines del Estado y por qué ese bien y no otro de los muchos que existen.
Además, la declaración de “Utilidad Pública” debió indicar que las personas que se crean con derecho sobre dichos bienes tendrán un término de 15 días para comparecer ante la Unidad Ejecutora, para negociar sobre el monto y forma de pago de la indemnización. “En conclusión, el régimen criminal ya ni se preocupa por aparentar legalidad, ni tratándose de los asuntos que se refieren a la comunidad internacional, pese a tener el control absoluto de todo el aparato Estatal”, añadió Morazán