La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH realizó una audiencia pública este lunes, en la que recapituló las violaciones a los de derechos humanos y el fraude electoral en Nicaragua, sesión en la que estuvo ausente la dictadura sandinista.
En la audiencia participaron las organizaciones peticionarias Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Urnas Abiertas.
La presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, Vilma Núñez, señaló que la descomposición del Estado de Nicaragua empezó con el retorno del dictador Daniel Ortega al poder en 2007.
“No es necesario recordar que desde 2007 vivimos una destrucción de la institucionalidad. El propósito del régimen sigue siendo el mismo, perpetuarse en el poder”, dijo Núñez.
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También destacó que la represión de 2018 desató una escalada represiva, que comenzó con la persecución, luego con la “operación limpieza”, para posteriormente dar lugar a la represión por la vía judicial.
“Los crímenes cometidos por el régimen Ortega Murillo son 355 muertos, la mayoría con características de ejecuciones extrajudiciales. Más de 2000 heridos y decenas con secuelas de discapacidad. 1614 presos políticos contó la CIDH en un momento determinado”, dijo Núñez.
“No hay Estado de Derecho ni separación de poderes y se vive en un Estado de Militarización. Es un régimen obsesivo y nos ve como un enemigo y muchas de sus acciones son mecanismos de represión explícitos para eliminar la defensa de derechos humanos”, añadió Núñez.
Denuncian falta de acceso a la justicia
Violeta Delgado, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres MAM, expresó que la dictadura utiliza el sistema penal para criminalizar la disidencia política y para secuestrar a opositores.
“Esta comisión ya documentó que las detenciones arbitrarias han constituido un mecanismo implementado por el Estado desde 2018 para reprimir la disidencia” denunció Delgado.
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Además, agregó que de los 169 reos políticos, 14 son mujeres, siendo la más joven Samantha Girón, de 21 años, recientemente cumplidos.
“Las mujeres encarcelaras han sido objeto de mayor ensañamiento, tal es el caso de Támara Dávila que ha sido sometida a total asolamiento por nueve meses en una celda empernada o totalmente sellada, sin tener contacto con nadie más que con sus carceleros”, aseveró.
Fraude electoral entierra transición y justicia
Ligia Gómez, de la organización nicaragüense Urnas Abiertas, denunció que la dictadura busca impunidad en la violación a los derechos humanos a raíz del fraude electoral.
“El fraude electoral en Nicaragua perpetua la impunidad del régimen en la sistemática violación a los derechos humanos del régimen nicaragüense. En su afán de instalarse utilizó diferentes mecanismos que aniquilaron por completo la legitimidad del proceso electoral.
Gómez destacó que esta acción evita que exista una transición democrática en Nicaragua.
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“En las elecciones pasadas se consolidó un sistema represivo que derivó en la eliminación de los mecanismos para la transición política. Restringieron la posibilidad de recuperar la legitimidad, lo que provocó que no existen mecanismos para que se investigue y sanciones a las personas señaladas de cometer crímenes contra la población”, señaló.
Además denunció que durante la farsa electoral, la dictadura utilizó recursos estatales para la propaganda oficialista.
“Se observó el uso abusivo de recursos públicos y el control total del partido gobernante. Se logró comprobar la falta de condiciones para que la ciudadanía acceda al sufragio”, expuso.
Urgen acciones de la comunidad internacional
María Luisa Gómez, del instituto Raza e Igualdad, urgió a la comunidad internacional y demás mecanismos de protección internacional, aúnen e intensifiquen sus esfuerzos para que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de las graves violaciones cometidas por la dictadura.
Además, exigió a la Comisión continuar demandando al Estado de Nicaragua, la liberación de los reos políticos y la revocación de sus sentencia condenatorias.
“Tanto se procede a su liberación garantice condiciones de detención dignas, su atención médica oportuna y el contacto con representantes legales y familiares” demandó.
“Lamentan” ausencia de la dictadura
Esmeralda Arosamenta Trotiño, de la CIDH, lamentó la ausencia de la dictadura sandinista en la sesión del organismo.
“Es lamentable que no estén presentes, que sus autoridades no puedan estar con nosotros, porque lo que hemos escuchado, nos debería permitir escuchar cómo su sistema puede tener un planteamiento que explique, desde su visión, esta situación”, dijo.
“Mi condición de relatora, he insistido en la oportunidad de dialogar y escucharles, pero lamentablemente no hemos obtenido una respuesta”, añadió.