El más reciente informe de Violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua en 2021, fue presentado este jueves 13 de enero en una conferencia convocada por la organización Voces del Sur, en el que destacan que la cifra de agresiones a periodistas ascendió a 702, el doble de lo observado en 2020, que fue de 360.
“Las cifras expuestas reflejan los resultados del monitoreo y seguimiento que inicialmente realizaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, forzada a cerrar operaciones en febrero del 2021 a causa de la Ley de Agentes Extranjeros. Desde entonces en el diario La Prensa asumimos esa relevante tarea de documentar ese tipo de violaciones”, señala el informe presentado por el defensor de Derechos Humanos, Guillermo Medrano.
El informe documenta que 171 personas fueron víctimas de violaciones a la Libertad de prensa, de las cuales 108 son del género masculino, equivalente al 63% y 63 víctimas del género femenino es decir 37% del total de casos.
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“De acuerdo con los indicadores y la metodología establecida por Voces del Sur, organización a la que pertenece La Prensa, el uso abusivo del poder estatal se realiza por medio de acciones propuestas, planificadas, y ejecutadas por el Estado, el cual, abusando de su condición superestructural se impone con la fuerza de la irracionalidad en contra de los estándares internacionales de la Libertad de Prensa y Expresión, perjudicando a veces de manera irreparable a medios de comunicación y periodistas independientes que legítimamente hacen su trabajo de fiscalización de las instituciones públicas”, señala el informe.
Añade que el uso abusivo del poder estatal es un indicador que mide, entre otras, las acciones orientadas a la asfixia financiera de los medios, la exclusión de los planes de pauta publicitaria estatal, la amenaza o cancelación de frecuencias radioeléctricas, sanciones administrativas y económicas, como multas injustificadas a medios independientes.
Agentes de la dictadura ejecutan el 91% de agresiones
El informe detalla que 637 agentes estatales ejecutaron el 90.74% de las agresiones; 1.14% lo realizaron 8 agentes paraestatales; en el 3.7% las víctimas no identificaron a 26 hechores; y en el 4.42% se reconocieron a 31 agentes paraestatales, quienes tienen una coordinación evidente y gozan de la protección de las instituciones y funcionarios estatales.
“En Managua se concentra la mayor cantidad de casos de violaciones a la Libertad de Prensa, registrándose 592 (84.30%). Aunque distante en cantidad, pero no por ello menos grave, le sigue la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) con 45 casos, equivalente a 6.41%; y en León ocurrieron 22 agresiones (3.13%); en los demás departamentos los casos se documentaron de la siguiente forma: Boaco 2, Carazo, 3, Chinandega 1, Chontales 1, Estelí 3, Granada 1, Jinotega 7, Madriz 6, Masaya 6, Matagalpa 2, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 4, y Rivas 7”, señala el informe.
“Es inquietante saber que de acuerdo con la información registrada por La Prensa, muchas veces las agresiones han recaído sobre las mismas víctimas y según la base de datos la mayoría son mujeres periodistas”, añade.
Nicaragua, una enorme cárcel
El informe destaca que la dictadura ha impuesto país por cárcel a los periodistas, a quienes les secuestra sus documentos de identificación y les niega la salida por puestos fronterizos.
“Entre los afectados por esta medida podemos destacar el decomisó de pasaporte del periodista Julio López, jefe de información del medio digital Onda Local efectuado el lunes 21 de junio, cuando se disponía a viajar a Costa Rica por la vía terrestre por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, al sur de Managua”, destacó Medrano.
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El informe señala al jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, a quien los oficiales de Migración del Aeropuerto Internacional de Managua le impidieron abordar un avión que lo trasladaría a Miami el miércoles 29 de septiembre. A Madrigal también lo despojaron de su pasaporte.
Crear debate público es mérito para ser secuestrado por la dictadura
Durante la presentación del informe, el periodista e investigador nicaraguense en el exilio, Octavio Enríquez, destacó los retos del ejercicio periodístico en Nicaragua, debido al gran control de la dictadura sandinista.
“Como testigos y abrir un debate público se convierte en algo inofensivo para el gobierno. El caso de Nicaragua es uno de los más graves, porque se registraron casi el doble de violaciones que el año pasado y aun más que en 2018”, dijo Enríquez.
Por su parte, la poetisa Gioconda Belli aseguró que las dictaduras tienen un común denominador: intentan aplastar la palabra.
“Ha sido un problema para todos los que usan la palabra como parte de su denuncia y artística. Ya tuvimos el caso del escritor Sergio Ramírez que fue acusado y amenazado con arrestos; y el caso mío, que no puedo regresar a Nicaragua. Es muy típico que las dictaduras intenten aplastar la palabra”, dijo Belli.