La dictadura de Daniel Ortega implementó tácticas de clientelismo político, opacidad en el manejo de los recursos y represión de ayuda independiente tras el paso de los huracanes Eta e Iota por Nicaragua, según una nueva investigación publicada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.

La investigación titulada “A un año de los huracanes que arrasaron la Costa Caribe de Nicaragua, ¿qué pasó con las donaciones?, revela que la dictadura aprovechó la catástrofe de los huracanes para oxigenar su economía pidiendo cooperación internacional.

“Tras el paso de los huracanes ETA y IOTA en Nicaragua, la solidaridad de países y organismos internacionales no se hizo esperar. Antes que impactará el segundo huracán, Nicaragua ya tenía asegurado más de un millón de dólares de parte de cinco países y varios organismos financieros, en condición de cooperación dirigida a las regiones devastadas por ETA y la que se advertía por la llegada de Iota”, señala la investigación.

Régimen no revela recursos que recibió por los huracanes Eta e Iota

La investigación señala que la dictadura no reveló la cantidad de dinero que recibió en cooperación, pero que se manejan cifras extraoficiales, que a la vez arrojan un vacío en la información sobre la ejecución de esos fondos.

Extraoficialmente se estima que el país pudo haber recibido entre 500 y 600 millones de dólares, dirigidos a la asistencia de los territorios arrasados por los fenómenos naturales, según cálculos independientes de economistas, que hablaron con los medios de comunicación independientes.

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Aunque oficialmente no se divulgó una cifra total de los recursos económicos recibidos por el desastre natural, el Informe de la Cooperación Oficial Externa 2020, divulgado en junio pasado por el Banco Central, reportó en donaciones y préstamos por los huracanes un monto que suma 238,100,000 de dólares.

Según la investigación, algunas de las donaciones más publicitadas fueron 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro para huracanes; 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde.

“El Gobierno gestionó 300 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del Covid-19”, señala la investigación.

Además hace mención que el informe de la Cooperación Oficial Externa 2020, registró 1,235.5 millones de dólares, de los que el 75.9% corresponden a cooperación dirigida al sector público.

Por fuente de financiamiento, 849.0 millones de dólares provinieron de fuentes multilaterales (90.5%), mostrando un aumento de 328.6 millones de dólares (63.1%) respecto a 2019. El resto de la cooperación 88.8 millones provino de fuentes bilaterales (9.5%) y reflejó una disminución de 14.4 millones de dólares (-14.0%).

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El informe indica que las principales fuentes de cooperación al sector público fueron: BCIE (US$321.6 millones), FMI (US$186.8 millones), BID (US$154.1 millones), Banco Mundial (US$72.5 millones), Unión Europea (US$36.0 millones), Banco Europeo de Inversiones (BE

De acuerdo al informe, ambos huracanes generaron afectaciones económicas por 999.2 millones de dólares (8.3 % del PIB estimado para el año 2020).

Retraso en ejecución de obras

Pese a las donaciones y préstamos, el gobierno de Ortega,  luego de un año del impacto de los huracanes ETA e IOTA, no ha realizado mejoras en las calles principales de Bilwi.

Un reciente es el reportaje de La Prensa titulado “A más de un año del paso de ETA e IOTA, la reconstrucción de las comunidades aún es promesa”, publicado este 20 de noviembre de 2021, asegura que la ayuda hacia las comunidades ha sido insuficiente.

El artículo presenta testimonios de habitantes de comunidades de la Costa Caribe como el de Heyling Simons, habitante de Wawabar, quien confirmó que la ayuda que llega del Gobierno central es insuficiente.

“Aquí lo que repararon fue la escuela, pero tienen problemas de pupitres, algunos (estudiantes) se sientan en el suelo. Muchas familias sacaron madera de los árboles que estaban caídos desde la raíz y así repararon sus casas. Pero otras familias siguen viviendo como pueden, hay casas que todavía están destruidas, hay gente que viven en casas de plástico y otras a las que les dieron zinc medio taparon con eso”, manifestó Simons a la Prensa.

Clientelismo político

Según la investigación, tras el paso de los huracanes, la asistencia del régimen dictatorial de Daniel Ortega, en la Costa Caribe, estuvo marcada por el clientelismo político como ya es habitual en todo el país.

“La ayuda pública que más destacó fue la entrega de cocinas y láminas de zinc a las familias, como parte del programa Plan Techo que se promueve oficialmente con el sello partidario. También la entrega de alimentos a las familias de la RACCN fue politizada, aunque fue un esfuerzo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que gestionó ayuda con la cooperación internacional”, señala.

Por otro lado, la investigación detalla que aunque se dieron esfuerzos privados para llevar ayuda a los afectados, el régimen impidió la realización de colectas de la Iglesia Católica, la empresa privada y organizaciones de oposición.

“En Santa Marta (Managua) pusieron un par de policías a la entrada pero permitieron el acceso. En la oficina del Vicariato de Siuna sí pusieron patrullas e impidieron el paso. Entonces los líderes de la Iglesia católica en Nicaragua, decidieron actuar con precaución y solicitaron que las donaciones se depositaran en efectivo en cuentas bancarias de la Diócesis de Siuna, a dónde se envió la ayuda”, señala.

No obstante,  fluyó un poco la ayuda de la iglesia de Managua a través de un sacerdote de la Diócesis de Siuna que con unos contactos policiales de allá logró el paso de donativos en especie.

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