Pese a que Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, CPI, podría abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega a raíz de la represión acentuada a partir de abril de 2018.
“El propio Estatuto contempla algunas excepciones no tan sencillas, como por ejemplo que el Consejo de Seguridad de la ONU presente ante la Corte Penal Internacional un caso de un país que no es parte del Estatuto de Roma, como es el caso de Sudán y Libia”, explicó Kathya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, por sus siglas en inglés, en una entrevista en Café con Voz.
No obstante, aseguró que es muy difícil que el propio Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, tome la iniciativa de llevar el caso de Nicaragua ante la CPI, debido a la participación de países “aliados” al régimen de Daniel Ortega como China y Rusia.
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“Difícilmente me puedo imaginar que el Consejo de Seguridad apoye una decisión de este tipo, pero hay otras vías, como crímenes o situaciones en Nicaragua y que han tenido efectos en Costa Rica, como persecución y hay cierta discusión de que esa podría ser una entrada para que la Corte Penal Internacional actúe”, añadió.
En ese sentido, Salazar recordó que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.
“Lo que ha ocurrido son violaciones a los derechos humanos, no hay alternancia en el poder, es un cuadro dramático. Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma y eso es una gran dificultad”, expresó.
Salazar añadió, que otra posibilidad, aunque un poco más compleja, es que terceros países que han suscrito el Estatuto de Roma, abran procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad contra Nicaragua.
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“Los crímenes de lesa humanidad trascienden las fronteras, afectan más allá del país. Los crímenes deben ser producto de un plan estatal. Existe el mecanismo de la jurisdicción universal donde en terceros países se pueden iniciar procesos. Además, no se puede descartar qué más puede hacer el Consejo de Derechos Humanos en Nicaragua”, dijo Salazar.
El ejemplo de Venezuela ante la Corte Penal
Venezuela es signataria del Estatuto de Roma a partir del 7 de junio de 2000, por lo que la CPI puede ejercer jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano.
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El fiscal Karim Kan, de la CPI, firmó un acuerdo con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el pasado 3 de noviembre, lo que daría inicio a un proceso de investigación más profundo sobre las violaciones de Derechos Humanos.
Ante esto, el Estado de Venezuela se comprometió a brindar información adicional a la suministrada a la CPI por la exfiscal Luisa Ortega.
“En agosto del año pasado, ya la exfiscal Fatou Bom Bensouda Bensouda tenía un panorama preliminar y la fiscalía pasó a ser la abogada del régimen de Maduro. La decisión significaba que existían suficientes indicios para pasar al segundo paso”, explicó a Café Con Voz el periodista venezolano Javier Mayorca.
Al respecto, señaló que lo que se debe determinar es si Venezuela puede asumir los procesos judiciales en su territorio, contra quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
“Dentro de esas investigaciones, lo que en este momento se va a determinar es si el Estado puede asumir el enjuiciamiento de las personas vinculadas a estos patrones de represión. Esta nueva etapa no tiene plazos preestablecidos, porque van directamente con los funcionarios vinculados en la represión”, dijo Mayorca.
CPI no es la única solución a la crisis
Salazar expuso que la CPI investiga, penaliza y sanciona a quienes han cometido delitos que afectan a toda la humanidad.
“La Corte Penal Internacional no va a cambiar la situación, se podrían lograr algunas condenas. Pero lo que queremos son cambios y alternancia en el poder. Empujemos la vía de la Corte, pero también hay otras vías para responder a delitos de esta magnitud”, dijo Salazar.
Además, exhortó a las organizaciones de oposición en Nicaragua a que trabajen de forma coordinada para lograr objetivos comunes.
“Cuando se abrió la investigación preliminar en Venezuela, no había unidad en la oposición. Es fundamental que las organizaciones nicaragüenses trabajen de forma coordinada, dividiéndose las tareas, capacitándose y pensando en una transición, que definitivamente habrá”, explicó.
“Se necesita la información documental, ya que esto es una gran tarea para las organizaciones nicaragüenses”, añadió.
¿Es válido el argumento de “la soberanía” ante la CPI?
Salazar explicó que el Estatuto de Roma contempla que los países ceden un poco de su soberanía para que la CPI pueda actuar en aquellos delitos que califiquen, pero que esta es una decisión propia de los estados firmantes.
“La regla que se aplica en el mundo entero es que un país es competente para juzgar los delitos que se cometen en su territorio. Sin embargo, en el marco del Estatuto de Roma, los estados cedieron un poco de su soberanía y darle competencias a la Corte Penal Internacional en delitos que trascienden las fronteras. Se cede un poco de la soberanía, pero es por decisión propia de los países”, explicó.