A raíz de la consumación de la farsa electoral de la dictadura de Daniel Ortega, la Organización de Estados Americanos, OEA, tiene el reto de ganar o perder credibilidad y prestigio con las acciones que tome hacia Nicaragua.
A criterio del exfuncionario de la OEA y especialista en relaciones internacionales, Guillermo Belt, de no tomar medidas contundentes, la OEA estaría dándose un “golpe mortal”
“Sería un golpe mortal, la muerte de la OEA demoraría, pero sería un golpe del cual no se recuperaría, porque lo que se ha presentado en Nicaragua no tiene ningún fundamento para dudarse, la organización no puede mirar para otro lado porque es su obligación”, dijo Belt.
A criterio de Belt, la Carta Democrática Interamericana quedaría “manchada” y desprestigiada si no se toman medidas contundentes.
“Si ante una situación tan clara que contraviene los principios y tratados internacionales de cumplimiento obligatorio, la OEA no actúa o actúa con una declaración que no significa nada, solo palabras, yo creo que difícilmente se repondrá la organización de este golpe y la carta democrática se convertirá en letra muerta”, añade.
Borrador de resolución podría ser inicio de expulsión de Nicaragua
Un borrador de un proyecto de resolución que se prevé sea debatido en la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, podría ser el inicio del camino final para la expulsión de Nicaragua del organismo regional, ante el desconocimiento internacional de la reelección del dictador Daniel Ortega.
El borrador contempla los siguientes puntos:
- Deplorar que las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua.
- Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.
- Concluir que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno.
- Reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.
- Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas.
A criterio del exfuncionario de la OEA y especialista en Relaciones Internacionales, Guillermo Belt, el borrador aun está sujeto a modificaciones que podrían incrementar o disminuir su severidad.
«Coincide con expresiones que han formulado varios gobiernos como Costa Rica, perú y Ecuador. también se han pronunciado de forma parecida a la Unión Europea. Está recogiendo un sentir bastante generalizado», señaló el especialista en Café con Voz.
Consejo Permanente deberá aceptar decisión de Asamblea General
Belt explicó que el Consejo Permanente de la OEA deberá acatar la decisión de la Asamblea General, que es la instancia más importante del organismo a nivel jerárquico.
«La Asamblea General, si aprueba el proyecto, le está dando una instrucción al Consejo Permanente para que lo cumpla obligatoriamente. El mandato es que el Consejo Permanente a más tardar el 30 de noviembre debe evaluar la situación de las elecciones en Nicaragua», expuso Belt.
¿Por qué hasta el 30 de noviembre?
El borrador establece que antes del 30 de noviembre de 2021, se realice una evaluación colectiva de la situación de Nicaragua y que posteriormente se tomen las medidas necesarias.
«Es una evaluación previa que la Carta Democrática Interamericana establece como antecedente para dar el próximo paso, que es convocar a una Asamblea General Extraordinaria y ahí lo que se consideraría será la expulsión de Nicaragua de la OEA», señaló Belt.
A criterio del especialista, ese lapso de tiempo será invertido para conseguir los votos necesarios para aprobar la expulsión de Nicaragua, que es la máxima sanción de la OEA.
En ese sentido, Belt explicó que si bien en una resolución anterior se obtuvieron 26 votos, no es garantía de que se cuenten con los 24 necesarios para aplicar la sanción a Nicaragua.
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«En la resolución que tuvo 26 votos, no se contempló ninguna sanción. Si bien se usó un lenguaje severo y enérgico, no contempla ninguna sanción. Fue esencialmente un nuevo llamamiento al gobierno de Nicaragua para que enmiende su proceder. Es más fácil tener votos para una resolución como esta que para una sanción», dijo Belt.
Intereses económicos o «temor»
Según el exfuncionario de la OEA, algunos países pueden decidir no aprobar la sanción aunque hayan estado de acuerdo con las resoluciones anteriores.
«Algunos países tienen temor de sentar el precedente de que cada vez sea más fácil expulsar a un país. Hay otros países que les preocupa que la sanción pueda dificultar su conversación con ese país. Algunos países utilizan la OEA para comunicarse con diplomáticos de otros países en los que no tienen embajadas», señaló.
«Pero también hay intereses comerciales legítimos. Lo que no me parece bien es que antepongan los intereses comerciales a los derechos humanos», añadió.