La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su presidente, Antonia Urrejola, presentó este martes 3 de noviembre el informe “Concentración de Poder Político y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, en el que revela el debilitamiento de la institucionalidad en el país centroamericano.
“El informe aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua en un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y consecuentemente de progresivo deterioro en materia de derechos humanos, especialmente de cara a las elecciones a celebrarse el próximo 7 de noviembre”, detalló Urrejola.
Según el informe, el debilitamiento de la institucionalidad pasa por la imposición de un estado policial de vigilancia política a la ciudadanía.
“La concentración de poder del Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, dijo Urrejola
“Presento una herramienta útil que harán posible un proceso transicional en Nicaragua”, añadió.
Por su parte, Alejandra Solano, representante de Costa Rica, exhortó a la dictadura de Daniel Ortega a acoger el llamado de la comunidad internacional.
“Este informe hace evidente que la conducta del gobierno ha provocado la erosión de la democracia y la violación de derechos humanos. En este informe, se revela la falta de independencia de los poderes del estado y subrayamos la solidaridad a la población nicaragüense”, expresó.
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Por su parte, el representante interino de Estados Unidos, Bradley Freden, expuso que la CIDH resalta la preocupación de la ciudadanía ante las elecciones.
«Es importante que la Comisión observa con suma preocupación que las elecciones programadas para este noviembre, se realizan en este ambiente de represión y cierre de los foros democráticos en este país», afirmó.
«Este órgano debe seguir trabajando para que haya verdaderas consecuencias de hacer caso omiso a las resoluciones y al llamamiento a las autoridades de observar las normas de la democracia y derechos humanos señalados en la carta de la OEA y la Carta Democrática», añadió.
Nicaragua se retira de la sesión
El representante de Nicaragua en el Consejo Permanente, Michael Campbell Hooker, rechazó la presentación del informe y acusó nuevamente de injerencia las críticas internacionales a los comicios del 7 de noviembre.
“Obviamente, ya desde comienzos de mayo del 2018, se empezaron a bosquejar las ideas centrales del informe, que sería usado una y mil veces para justificar la barbarie terrorista. Evidentemente, la idea de darle forma a la excusa para agredir y justificar políticas y acciones interventoras cuyo objetivo fundamental fue y es el de desmantelar la estructura funcional del Estado Democrático y sobre todo, separar a la Población de Nicaragua de su Gobierno, para instalar un Gobierno de Facto”, leyó Campbell Hooker.
El informe leído por el representante nicaraguense, acusó a la OEA de perder su funcionalidad en la defensa de Derechos fundamentales.
“Lamentablemente, por la parcialidad de esta y su notoria instrumentalización, así como su obvia incapacidad para ver otras realidades de severas afectaciones al Derecho a la Vida, en diversos Pueblos de nuestro Continente, estos informes pierden veracidad y sustentabilidad”, dijo Capmbell.