El Consejo de la Unión Europea decidió el lunes prorrogar por un año más el marco de sanciones en contra de los funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en vista de que la situación en Nicaragua en lugar de caminar hacia una salida de la crisis sociopolítica, se ha agravado más.
Un comunicado del Consejo de la Unión Europea, indica que la imposición de medidas restrictivas selectivas será por un año, hasta el 15 de octubre de 2022 . El Consejo recordó que en junio de este año la UE pidió a las autoridades de Nicaragua que pongan fin a la persecusión de opositores e inicien un diálogo político para resolver la «crisis política, económica y social» en el país. Sin embargo, añadió, el gobierno «ha aumentado la represión, dejó en la ilegalidad a partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil y arrestó a dirigentes de la oposición y representantes de la academia, la prensa y la sociedad civil».
El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. Se dirige a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el estado de derecho.
Las sanciones, que se aplican actualmente a 14 personas , están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía del país. Los que figuran en la lista de la UE están sujetos a una congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar a la UE.
Los criminales sancionados
Entre los sancionados por la Unión Europea se encuentran el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, la fiscal general Ana Julia Guido, la ex ministra de Salud, Sonia Castro, al director de la Policía sandinista y consuegro del dictador, Francisco Díaz, al subdirector de ese cuerpo armado, Ramón Avellán, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y de la cárcel de El Chipote, Luis Pérez, y al jefe de los antimotines, Justo Pastor Urbina. También está sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del tirano y su consorte.
En su declaración del 10 de junio de 2021, la UE reiteró su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua. Pidió a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país.
En cambio, el gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión , ilegalizando a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos y miembros de la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil, sin respetar el debido proceso, dice el comunicado de la UE. «De esta forma, el Gobierno liderado por Ortega y Murillo, ha eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas el 7 de noviembre de 2021, privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes», señala. Leer Ortega inicia campaña electoral arremetiendo contra la iglesia católica
La UE reafirma su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense , incluso ayudando a fortalecer el estado de derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables, indicó el comunicado.