El Departamento de Estado de Estados Unidos, EE.UU decidió cancelar la visa de ingreso de su país a 19 funcionarios de la dictadura en el Poder Electoral sandinista y a miembros de partidos colaboracionistas o «zancudos», que le hacen el juego a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un comunicado del Departamento de Estado, indica que han tomado medidas «para imponer restricciones de visa a 19 funcionarios electorales nicaragüenses y funcionarios de partidos políticos que han permitido el ataque del gobierno de Ortega-Murillo a la democracia».
El Departamento de Estado de EE.UU, agrega que durante los últimos tres meses, el dictador Ortega y su consorte Murillo, «han intimidado a cualquiera que se oponga a sus esfuerzos por afianzar su poder en Nicaragua, incluso mediante el arresto de decenas de candidatos políticos, periodistas, líderes estudiantiles y empresariales, ONG trabajadores y defensores de los derechos humanos, y mediante la descalificación de cualquier candidato que pretenda postularse contra ellos en las elecciones del 7 de noviembre».
Esta campaña antidemocrática incluyó la descalificación el 6 de agosto por parte del Consejo Supremo Electoral del último partido de oposición que quedaba, Ciudadanos por la Libertad, CXL, sobre la base de una solicitud realizada por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, aliado del Frente Sandinista desde que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, decidieron firmar un pacto para repartirse el poder y destruir la institucionalidad.
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Fue ese pacto el que permitió que Ortega retornara al poder, gracias a la reducción del 45 % al 35 % como el mínimo que tendría que alcanzar un partido político para ganar en primera vuelta.
El pasado 6 de agosto Estados Unidos les retiró las visas a 50 familiares directos de diputados, fiscales y jueces involucrados en actos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua al considerarlos responsables o cómplices de acciones que socavan la democracia.
Entre los familiares desvisados a los que se les dio 72 horas para abandonar Estados Unidos, se encuentran hijos del sancionado presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras y el también sancionado Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
«Como dijo el Secretario de Estado (Antony Blinken) el 7 de agosto, debido a las acciones antidemocráticas y autoritarias del gobierno, el proceso electoral de Nicaragua y sus eventuales resultados han perdido toda credibilidad», indica el comunicado del Departamento de Estado.