El Europarlamento votará el jueves una resolución en la que solicitará al Consejo de la Unión Europea, que se sancione directamente al dictador Daniel Ortega y a su consorte, la vocera del régimen Rosario Murillo, junto a su familia y allegados, así como se investigue las posibles conexiones con acciones de lavado de dinero de la familia dictatorial a nivel internacional.
La resolución cuyo borrador fue dado a conocer este miércoles, indica que el Parlamento Europeo «solicita al Consejo que amplíe rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el Presidente y el Vicepresidente de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense». https://cafeconvoz.com/2021/07/07/bauzahay-formas-de-presionar-a-ortega-con-ada-sin-afectar-al-pueblo-nicaraguense/
A la vez el europarlamento recuerda que, «a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su exigencia de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación».
Pide investigar cuentas de los Ortega-Murillo en el mundo
Asimismo en el documento que será votado el jueves, los eurodiputados piden al Grupo de Acción Financiera (GAFI) que «establezca la coordinación necesaria con la OFAC para garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas originadas en el régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores y sus relaciones comerciales y activos en países europeos; subraya el hecho de que el GAFI ha incluido a Nicaragua en la lista negra desde octubre de 2020».
El borrador de la resolución también se pide la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados políticos, incluidos los candidatos presidenciales, levantar el estado de sitio de facto, restablecer el diálogo inclusivo, la democracia, así como a realizar cambios inmediatos a la ley electoral de acuerdo con los parámetros internacionales exigidos por la OEA en su resolución de 21 de octubre de 2020.
Pide al SICA que se despierten
Asimismo el europarlamento solicita al Sistema de la Integración Centroamericana y a sus Estados miembros que desempeñen un papel activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, tal como se establece en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995, en cuyo artículo 1 se estipula que la democracia se basa en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana;
Luego que el Parlamento Europeo analizara el martes el contexto represivo y de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, dio a conocer el borrador de la resolución y pidió su urgente su aprobación el próximo 8 de julio.
El documento propone que la UE continúe con la ayuda humanitaria al pueblo nicaragüense haciéndola llegar «a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades» sandinistas, debido a que el gobierno de Nicaragua ha irrespetado el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica tras la aplicación de legislaciones arbitrarias y persecución a opositores.
El Parlamento Europeo pide garantizar elecciones libres y transparentes a través de observación nacional e internacional, de lo contrario, los estados miembros podría desconocer los resultados de los comicios presidenciales del 7 de noviembre.
“Nombren a personas imparciales en las distintas estructuras electorales, restablezcan el estatuto jurídico de las partes a las que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, y garanticen la observación” agrega la resolución.
Derogación de aberrantes leyes
Tras la revisión detallada de la Constitución Política de Nicaragua por la aprobación y reforma de leyes, el Europarlamento concluye que se debe derogar «la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas; leyes que van en contra de los derechos y libertades de los nicaragüenses consagrados en la Constitución de la República de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y otros tratados internacionales de los que Nicaragua es signataria».
De igual manera, el Parlamento exigirá que se respete «la función de la policía como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, desarmar a las fuerzas paramilitares, respetar los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablecer los derechos de los ciudadanos».
Además, exige a Ortega que permita el ingreso al país a organismos y entidades defensoras de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo Especial Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para supervisar investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas de la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del 2018.