Más de 30 comunicadores ha citado la fiscalía sandinista, a raíz del caso político que la dictadura ha fabricado contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, imponiéndole el delito de supuesto lavado de dinero y dictaminándole el pasado dos de junio, casa por cárcel tras un brutal allanamiento con policías a su vivienda.
El periodista y editor en jefe del diario La Prensa, Eduardo Enríquez, fue citado por el Ministerio Público para brindar declaraciones en el caso de presunción penal contra la precandidata Chamorro, luego que la entidad controlada por el orteguismo, cancelara su cita el pasado ocho de junio y la emplazara para este miércoles 10.
Enríquez evidenció que la convocatoria en masa a comunicadores es “una movida contra los medios independientes”, señalando que las y los periodistas que ha citado el Ministerio Publico, están siendo interrogados por “cosas que no tienen nada que ver con el lavado de dinero”, catalogando esta acción del régimen sandinista como “un obvio asedio”.
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“El proceso mediante el cual trabaja la fundación (Violeta Barrios de Chamorro) y mediante el cual trabajaron todos los periodistas, no tiene nada que ver con ese delito. Obviamente es un asedio (…) Aquí estamos, a ver que quieren, no han especificado para que me están pidiendo que venga y vengo a averiguar. No sé porque a mí, porque no tengo relación directa con la fundación y vengo a indagar, a ver que me dicen” dijo el editor antes de ingresar al interrogatorio sandinista.
Dictadura “pretende hacer del periodismo un delito”
También, el editor de la revista Magazine y Domingo y columnista del diario La prensa, Fabian Medina, fue citado por el Ministerio Público este 10 de junio a un interrogatorio.
Medina, quien expresó sentirse sorprendido por la convocatoria, dijo nunca haber tenido algún vinculo con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y que la misiva enviada el pasado nueve del mes corriente, no especificaba las razones por la cual le requerían.
El editor dijo al salir de la fiscalía sandinista que “se pretende hacer del periodismo independiente un delito”, lo que crea zozobra dentro del gremio y que “es una campanada de alerta que se debe de tocar”, puesto que el ejercicio periodístico es un derecho humano fundamental de la sociedad nicaragüense, que se debería de seguir practicando “sin temor a que te echen preso”.
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“Fueron muy insistentes en que muchas de las cosas que yo estaba haciendo por el hecho de opinar incluso en mi columna (me leyeron una parte), era delito” señaló Medina, refiriendo que también fue amenazado con la “Ley de Ciber Delito” o “Ley Mordaza” a como es llamada por las y los periodistas, cuyo objetivo es callar a los medios de comunicación que informan sobre las simultaneas violaciones a los derechos humanos desde el 2018.
Ley como arma política para censurar
Otro de los periodistas amenazado por la fiscalía con la “Ley Mordaza” fue Wilfredo Miranda del medio de comunicación Divergentes, quien aseguró que la fiscal Heidy Ramírez, le señaló de mentiroso por sus artículos investigativos, donde ha evidenciado las arbitrariedades, el abuso de poder y los delitos cometidos por Ortega y Murillo contra la población.
“Al hacer un receso regresó con su celular a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, a decir que estaba faltando a la ley de ciberdelitos. Después comenzó a leer la mayoría de los titulares de mi corresponsalía en el diario El País, básicamente estuvo gritándome todo el tiempo” dijo Miranda el ocho de junio al salir del interrogatorio sandinista con la fiscalía.
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El martes 27 de octubre del 2020, fue aprobada la “Ley Especial de Ciberdelitos”, que según algunos diputados de la bancada mayoritariamente pro dictadura (bancada del FSLN) en la Asamblea Nacional, aseguraron en un artículo de CNN, que el objetivo de esta, era “reordenar y actualizar el marco legal de la materia”.
Sin embargo, para periodistas independientes y expertos en la comunicación social, la ley violenta los derechos laborales de las y los periodistas independientes, los derechos humanos y la libertad de expresión, siendo utilizada por la dictadura como un arma política para callar las libertades públicas.