Ecuador vive una nueva ola de violencia, convertida en la primera crisis nacional que ha enfrentado el nuevo presidente Daniel Noboa, a menos de dos meses del inicio de su gobierno.

El estado de excepción de 60 días decretado por Noboa tras la fuga de uno de los cabecillas de un peligroso grupo del crimen organizado, fue la respuesta a una serie de actos violentos en la nación suramericana y una ofensiva gubernamental bajo la premisa de que el Estado no «negociaría con terroristas».

Esta situación recuerda a la de El Salvador, que vive desde hace dos años bajo normativas similares, decretadas por el mandatario Nayib Bukele como parte de su lucha contra las pandillas.

Desbordado ante una crisis económica y de seguridad, el flamante presidente ecuatoriano pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos, que ya había colaborado con el mandatario saliente, Guillermo Lasso, en un intento para reducir la influencia del narcotráfico en el país.

Ante el renovado estado de emergencia – con toques de queda, comercios cerrados y ciudadanos temerosos de salir de sus viviendas -, Washington anunció que enviará a Ecuador una comitiva de altos funcionarios para «acelerar» la cooperación en materia de seguridad.

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Esta colaboración podría significar un renovado impulso al intercambio de inteligencia y la capacitación de personal, así como un posible paquete de ayuda financiera, indican expertos consultados por la Voz de América.

¿Cómo Ecuador ha llegado a este punto?

La situación de violencia en Ecuador no es nueva. La inseguridad en la nación andina ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que golpeó además la economía ecuatoriana y disparó la influencia de las bandas del crimen organizado en ciudades como Guayaquil, una urbe costera considerada la más peligrosa del país y centro del narcotráfico.

Según datos oficiales, la cifra de muertes violentas superó los 8.000 en 2023, el doble en comparación con el año anterior. Entre las más mediáticas estuvo el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio, una de las voces más críticas contra la corrupción en el país.

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Las cárceles son uno de los puntos donde las pandillas han afianzado su control, aprovechando el poco alcance del Estado. Uno de los incidentes que precipitaron la declaratoria de Noboa, fue un motín de prisioneros donde más de un centenar de guardias fueron tomados como rehenes. A esto se unen secuestros y ataques contra policías en varias ciudades.

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