La dictadura de Daniel Ortega mandó a publicar hoy 9 de febrero en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, la reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias, en la que establece presiones a los bancos privados del país para que reabran las cuentas bancarias a los funcionarios y empresas sandinistas que han sido sancionados por la comunidad internacional por corrupción, lavado de dinero y violación a los derechos humanos.
Extrañamente el régimen no publicó la ley al día siguiente de su aprobación de lo particular el pasado jueves, ni ayer lunes, lo cual dio espacio a que se especulara sobre una posible apertura de negociación con sectores del gran capital e incluso con fuerzas externas, pero la publicación hecha hoy, sepultó esa posibilidad.
De esta forma el régimen sandinista prefiere proteger sus millonarios negocios que han quedado paralizados por las sanciones, sin importarle las advertencias que hizo la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y el resto del empresariado, de que con esta ley se expone al país a quedar excluido del sistema financiero mundial.
Los 27 que valen más que el país
Son 27 funcionarios de la dicradura sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Canadá por su participación en la represión sangrienta contra las manifestaciones pacíficas de abril del 2018 en Nicaragua. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también ha sancionado a los principales operadores del régimen como los diputados Gustavo Porras y Wálmaro Gutiérrez, al vincularlos en actos de corrupción y la represión a los nicaragüenses.
Entre los sancionados están la vicepresidenta y consorte de Ortega, Rosario Murillo y tres de sus hijos, Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo. La Policía Sandinista es la única institución sancionada por ser la principal responsable de la masacre contra civiles durante los meses de protesta en el 2018 y que ha mantenido el acoso, asedio y agresiones a las libertades fundamentales de los opositores.
Nicaragua quedaría excluida del sistema financiero mundial por aprobación de ley
Un grupo de empresas de la familia como DNP, Difuso, Albanisa, Bancorp también fueron paralizadas al ser sancionadas por Estados Unidos por ser parte de la red de corrupción del régimen.
Sin embargo, con la reforma a la Ley de defensa de los consumidores, Ortega pretende que se le reactiven las cuentas bancarias a los sancionados, a pesar las consecuencia de que el sistema financiero nicaragüense quede suspendido de tener relaciones con la banca mundial por violar las normas contra el lavado de dinero, al tener relaciones con personas y empresas señaladas de ese delito.
Asobanp afirmó en un comunicado la semana pasada que con esta ley el régimen ponía en riesgo el envío de remesas y complicaría las transferencias internacionales al país.
Dictadura concreta reforma para devolver cuentas bancarias a sancionados