El Comando Sur de los Estados Unidos, incorporó a Nicaragua en la lista de países considerados «una amenaza directa» para de esa nación, según declaraciones del Almirante Craig S. Faller ante el Congreso del Comité de Servicios Armados del Senado, 16 de marzo de 2021.
«Países como Cuba, Venezuela y Nicaragua que perpetúan la corrupción y desafían la libertad y la democracia al abrir la puerta a los actores estatales externos y redes del crimen organizado transnacional, son una amenaza directa para el territorio de EE.UU», dijo Faller.
Las declaraciones del Almirante Faller ante el Congreso del Comité de Servicios Armados del Senado, se emiten un día después que el se presentó un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y crimen organizado, en el año 2021, mostrando las falencias y el involucramiento del régimen en relación, a esos males.
«Las amenazas en el Hemisferio Occidental son persistentes, son reales y representan un riesgo formidable para nuestra seguridad nacional», aseguró el jefe del Comando Sur.
«Estas amenazas -añadió Faller- incluyen actores estatales externos como la República Popular China, Rusia e Irán que buscan activamente aprovechar las democracias incipientes y frágiles en esta región y buscan explotar los recursos de la región y la proximidad a los Estados Unidos».
Pero Faller fue más claro en su primer pronunciamiento desde que estalló la crisis socio-política de 2018. «Estamos viendo una represión preocupante contra la oposición antes de las elecciones de este año. Managua mantiene estrechos vínculos con Moscú», señaló el jefe del Comando Sur.
Algunas aristas del informe del Departamento de Estado
El informe del Departamento de Estado, emitido el lunes, indicó que aunque el Gobierno de Nicaragua reclama públicamente éxitos contra el crimen transnacional, sus esfuerzos siguen siendo insuficientes, en relación a capacidad técnica, formación o responsabilidad en esa lucha.
Agregan que incluso hay grandes vacíos como «la corrupción y desvío de los recursos del gobierno para enjuiciar a la oposición política interna, que redujeron los esfuerzos de Nicaragua para Combatir eficazmente el tráfico de drogas en 2020».
El lavado de los Ortega-Murillo
El informe señala que la politización de las instituciones Anti Lavado de Dinero en Nicaragua, es una preocupación importante, pues en mayo de 2020, la Oficina de Control de Activos, OFAC, designó a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, por apoyar la gestión del régimen violaciones de derechos humanos y corrupción.
«Acosta es el titular del Comité Nacional de Antilavado y su designación es indicativa de la ineficacia de ese comité de investigar a funcionarios públicos vinculados al crimen organizado», dice el informe.
A la vez recuerda que en 2020, la OFAC designó a Caja Cooperativa Rural Nacional de Ahorro y Crédito, Caruna, que controla un estimado de $ 2.5 mil millones en nombre de otra entidad sancionada como Bancorp, además de funcionarios gubernamentales.
«Las designaciones de la OFAC, siguen a las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega. Estas acciones presentan un mayor riesgo, de que se filtren fondos ilícitos al sistema financiero y como la primera familia busca trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras», añade el documento del Departamento de Estado.
Asimismo recordó que el 4 de octubre de 2018, el sistema financiero estadounidense emitió una advertencia advirtiendo a las instituciones financieras de EE.UU, el riesgo creciente de que el producto de la corrupción política nicaragüense pueda ingresar o pasar por las cuentas bancarias de ese país.
«La crisis política no resuelta sigue absorbiendo valiosos recursos de seguridad, lo que dificulta la capacidad del régimen de Ortega, para implementar políticas y programas efectivos para combatir el narcotráfico en Nicaragua y el lavado de dinero», se lee en el informe.
«En lugar de prepararse para elecciones democráticas que permitirían mejorar la cooperación y la asistencia internacionales necesarias para llevar a cabo con éxito las operaciones de interdicción, el régimen de Ortega aprobó una legislación para reprimir las opiniones disidentes», añade.
Sería más productivo que se empujen «esfuerzos transparentes para combatir el crimen organizado, pero requerirían cambios en la política del gobierno, especialmente profesionalizar a la policía y detener la desviación contraproducente de la policía recursos para reprimir a manifestantes pacíficos, la oposición democrática y los medios de comunicación independientes».