Hasta enero del próximo año se extendió el trabajo de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, instancia conocida como “Comisión Porras”, tras ser creada en 2018 por el diputado sandinista Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos.
La llamada Comisión Porras, fue creada por la dictadura para supuestamente “investigar” los crímenes ocurridos durante las protestas multitudinarias a partir de abril de 2018, pero en la práctica sus miembros han defendido el actuar represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya que en sus informes descalifican el reclamo popular como un “intento de golpe de Estado”, a la vez que desconocen los delitos de lesa humanidad cometidos por la Policía y los paramilitares.
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Según la resolución legislativa 02-2021, publicada este miércoles en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, el nuevo plazo de la “Comisión Porras” va del 6 de febrero hasta el 9 de enero de 2022. Es la extensión número once a esa instancia que aprueba la directiva de la Asamblea, sin embargo en esta ocasión lo hicieron por un año, cuando la prórroga que recibían era de cada tres meses.
El objetivo de ampliar su operatividad es para “continuar realizando su labor”, cita el documento, aunque desde su creación, el 6 de mayo de 2018, no ha presentado un informe conclusivo sobre el trabajo que supuestamente realiza, y tampoco hay transparencia sobre los recursos económicos con los que funcionan ya que no están reportados en los presupuestos estatales aprobados.
La “Comisión Porras” fue nombrada el 6 de mayo por los diputados sandinistas, quienes controlan el parlamento al ser mayoría. La conformaban el padre Francisco Uriel Molina Orue, Jaime Francisco López Lowery, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua); Mirna Cunningham y Adolfo Jarquín Ortel quien falleció en agosto del 2019. El presidente de esa comisión es Cairo Amador, quien es hermano de Carlos Fonseca Amador, fundador del partido sandinista. Todos los miembros de la “Comisión Porras” están ligados al régimen al ocupar cargos en instituciones estatales u órganos partidarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado 326 asesinatos en el contexto de la represión del régimen sandinista desde el estallido de las protestas sociales, así como violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y una serie de delitos calificados de lesa humanidad. Sin embargo, la “Comisión Porras” reconoce a 253 víctimas, pero no atribuye responsabilidad a la Policía, a los paramilitares ni a las autoridades, como Ortega y Murillo por el baño de sangre causado desde 2018.
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