El analista político y sociólogo Oscar Revé Vargas, afirmó que la reforma a la Ley de los Consumidores como mecanismo para que les devuelvan las cuentas bancarias a los funcionarios y empresas sancionados. Es «una jugada política» del dictador Daniel Ortega, «para obligar a los banqueros a presionar al gran capital» en Nicaragua, a «sentarse a restablecer el pacto público-privado» que mantuvieron hasta antes de abril del 2018, señaló Vargas.
Los diputados sandinistas y sus aliados de la bancada PLI-ALN y Apre en la Asamblea Nacional, terminaron de aprobar hoy en lo particular la reforma a siete artículos la Ley de defensa de los consumidores (Ley 840), con la que pretenden forzar a los bancos privados a devolverle las cuentas bancarias al grupo de funcionarios y empresas sancionados por Estados Unidos, por estar vinculados a corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos.
Nicaragua quedaría excluida del sistema financiero mundial por aprobación de ley
El único cambio que hubo al texto de la iniciativa fue al artículo 120, para precisar que las multas económicas que aplicarán los entes reguladores a las empresas infractoras, deben ajustarse a los rangos establecidos en la misma ley. Al sancionado diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, cuando redactó el dictamen de la reforma, dejó amplia discrecionalidad a los entes reguladores para sancionar a las empresas con las multas que quisieran.
Pero al momento de la aprobación en la Asamblea, Gutiérrez, presentó una moción para aclarar que «los montos de las sanciones pecuniarias en esta materia estarán facultados para establecer y ejecutar sus propias normativas internas, tipos de infracciones y los montos de las multas, aplicando para ello los rangos mínimos y máximos establecidos en los artículos 122, 123 y 124 de la presente ley para las faltas leves, graves y muy graves».
Las multas van entre 1 y 500 salarios mínimos, que en el caso del sector financiero es de 283.10 dólares.
Oídos sordos a advertencias de desastre económico
El sociólogo Vargas señaló que el hecho que el régimen sandinista desoyó las advertencias del desastre que provocaría si los bancos nicaragüenses quedan fuera del sistema financiero mundial, es porque «el objetivo es someterlos y que acepten la permanencia de Ortega en el poder».
«Si los banqueros y el gran capital se someten a la voluntad del dictador, Ortega lo interpretaría como que puede cometer cualquier tropelía, hasta llegar a la preservación del poder a cualquier manera, ya sea a la fuerza» o de forma fraudulenta», como lo hizo en las elecciones del 2011 y 2016.
Entre los sancionados por Estados Unidos debido a acusaciones de corrupción o abusos de derechos humanos, están Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema, también es secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS) y miembro del Consejo para la Administración y Carrera Judicial. el diputado Wálmaro Gutiérrez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Comisionado Ramón Antonio Avellán Medal, la misma vicepresidenta Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega y el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, actual Jefe de la Policía Nacional. También han sido sancionados Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega, Francisco López, tesorero del partido y Gustavo Porras, dirigente sindical y presidente de la Asamblea Nacional, entre otros.
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