La reforma del Código Procesal Penal recientemente aprobada por los diputados sandinistas, al aumentar hasta 90 días el control judicial de las detenciones, “es contraria a la Constitución y los estándares internacionales”, afirmó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Hasta ahora, las autoridades podían detener a un sospechoso solo 48 horas. Se estima que hay al menos 100 presos políticos en las cárceles de la dictadura. Entre 2018 y 2019, llegaron a estar detenidas más de 500 personas, entre ellos varios líderes de la oposición.
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A través de Twitter, el organismo afirmó que esta medida “permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener. La reforma atenta contra la presunción de la inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno. Pone en riesgo, además, la integridad y seguridad de los denominados “detenidos judiciales”, que permanecerán sin control judicial efectivo”.
La OACNUDH exhortó al Estado de Nicaragua a “revisar esta reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades”.
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