Managua, 16 dic (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, convocó este miércoles a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 21 de diciembre, sin especificar el motivo de la reunión ni qué tema discutirán.
La convocatoria fue hecha al pleno de diputados por el presidente del Congreso, el sancionado Gustavo Porras, un día después que diera por concluido el período legislativo, en la que no se cumplió con la promesa de reformar la Ley Electoral de cara a los comicios generales previstos para el 7 de noviembre de 2021.
La sesión extraordinaria se verificará el próximo lunes a las 09.00 horas (15.00 GMT) en la sede del Parlamento, de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial, La Gaceta.
El martes, durante la lectura del informe anual, el titular del Congreso no hizo alusión a la reforma a la Ley Electoral que él mismo adelantó el 9 de enero pasado al presentar la agenda anual del Parlamento durante la sesión solemne para la apertura de la XXXVI Legislatura.
Entonces, el presidente del Legislativo anunció que reformarían la Ley Electoral para buscar cómo «fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral».
La Ley Electoral es de carácter constitucional, por lo que para que cualquier cambio entre en vigor antes de las elecciones del año próximo, debe ser aprobada en dos legislaturas.
Los sandinistas tienen mayoría absoluta en el Congreso para reformar leyes constitucionales y aprobar leyes ordinarias.
OEA DIO UN PLAZO A NICARAGUA
El pasado 21 de octubre, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que exigen a Daniel Ortega, reformar el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021.
La iniciativa insta a «que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021».
La resolución pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el CSE, controlado por el oficialismo, y también pide al régimen nicaragüense que acepte el despliegue «amplio y efectivo» de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes
Entonces, el embajador de Nicaragua ante el organismo, Luis Alvarado, rechazó la resolución al considerarla un instrumento «injerencista» en la política interna de su país, y que la misma «no tiene ningún efecto vinculante» para su Gobierno.
Las reformas electorales son una antigua demanda de la oposición nicaragüense y parte de la comunidad internacional para garantizar «elecciones libres, justas, transparentes y observadas» en noviembre de 2021.
El objetivo de las reformas, según el argumento de esos sectores, es lograr a través del voto una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron unas revueltas por unas impopulares reformas a la Seguridad Social que fueron aplastadas a la fuerza por el Gobierno de Ortega.
Los sectores adversos al Gobierno señalan al CSE de ser un apéndice del presidente Ortega y de favorecer al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde los comicios municipales de 2008 por medio de fraude o amaño.
Alegan que desde la vuelta de Ortega al poder en enero de 2007, el Poder Electoral no divulga los resultados totales de las elecciones, que ha alterado los padrones, que ha prohibido la observación electoral independiente, que expulsa y no acredita a los fiscales de la oposición, que elimina posibles partidos y electores, y que aparecen hasta difuntos entre los votantes.
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