Este martes 15 de diciembre se realizó la sesión solemne de clausura de la XXXVI legislatura del parlamento controlado por el sandinismo. Entre el gran vacío que dejó este período, destacan las reformas a la Ley 331 o Ley Electoral, con la que se harían cambios para asegurar un procesos democrático en Nicaragua de cara a los comicios generales de 2021.

Los 70 diputados sandinistas y sus aliados despidieron el año legislativo 2020 en un acto en el que recordaron sus leyes aprobadas en este período. Entre las leyes más sonadas en esta legislatura destacan la aprobación de la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros «Ley Putin», que controla el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, su distribución y la labor que estas realizan. Otra de las leyes que marcó la agenda parlamentaria fue la Ley Especial de Ciberdelitos, «Ley ;Mordaza», que criminaliza a todo aquel que haciendo uso del ciberespacio “difunda información falsa o tergiversada”.

Esta legislación es aplicada en especial contra periodistas, quienes han utilizado espacios a través de la web para informar lo que sucede en Nicaragua, luego del cierre y confiscación ilegal de medios de comunicación que le estorbaban al régimen sandinista.

Asimismo, el parlamento sandinista reformó el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece la pena máxima que debe cumplir un ciudadano si cumple un delito. Ahora, el régimen sandinista aprobará en una segunda legislatura (el próximo año) la cadena perpetua para los que “cometan delitos de odio”. Este calificativo ha sido implementado por la vocera del régimen sandinista, al referirse a los opositores que protestaron en contra de su mandato.

La reforma a ese articulo se dio luego de la violación y asesinato de dos hermanas menores de edad en el Caribe de Nicaragua; argumento que utilizó el régimen sandinista para proponer cambios a la Carta Magna del país.

El sancionado presidente del parlamento manifestó que en total se aprobaron 73 normas en 70 sesiones parlamentarias.

Reformas electorales no fueron realizadas

A inicios de este 2020, la agenda de trabajo aprobada por la junta directiva del parlamento controlado por el sandinismo, había establecido que antes que se cerrara la legislatura, se reformaría la Ley Electoral o Ley 331, pues la comunidad internacional y la oposición de Nicaragua lo demandan de cara a los comicios generales de 2021.

Sin embargo, al cierre de la XXXVI legislatura, el sancionado presidente del parlamento sandinista, Gustavo Porras, no habló del tema, pero dejó abierta la posibilidad de que si Ortega ordena aprobar otras reformas, los diputados que entrar oficialmente de vacaciones de fin de año hoy, serían llamados de urgencia.

No obstante, el discurso de Porras estuvo centrado a hablar de la injerencia internacional, a como es de costumbre, basándose en el artículo primero de la Constitución Política, arremetió contra los Estados Unidos y los países democráticos que han pedido cambios en la política de Nicaragua.

Porras invitó a sus colegas, los diputados liberales, a sumarse al “ideal de defender la soberanía nacional”.

“Ser nicaragüense es cumplir con esta constitución y sentir que nuestra patria es nuestra y sentir que nadie puede meterse en los asuntos internos de nosotros”, dijo Porras.

Oposición está clara que Ortega no quiere ceder

Por su parte, tanto la Coalición Nacional (CN), como la Alianza Cívica (AC), dos organizaciones opositoras al régimen sandinista, aseguran que el dictador Ortega no quiere acceder a hacer reformas a la Ley Electoral, a como lo demanda Nicaragua y la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en la última sesión para abordar la situación que atraviesa Nicaragua desde 2018, se exigió al régimen sandinista hacer reformas electorales que permitan la observación nacional e internacional, la depuración del padrón electoral y una nueva estructura con nuevos magistrados dentro del Consejo Supremo Electoral (CSE).

La OEA estableció un plazo hasta el mes de mayo para que el régimen de Ortega hiciera cambios a la Ley Electoral, de lo contrario, se tomarían acciones, entre las que incluyen, aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que los gobiernos de los países que alteren el orden constitucional, serán expulsados de la organización y no serán reconocidos.

Para hacer estas reformas, se deben de realizar en dos legislaturas, que serían la de este 2020 y la de 2021. No obstante, los opositores dentro de la CN y la Alianza Cívica están claros que Daniel Ortega no cederá espacio dentro de los Poderes del Estado y que no tendrá voluntad política para hacer las reformas electorales, necesarias para la credibilidad de los próximos comicios.

Porras declara al FSLN vencedor en las elecciones de 2021

Porras auguró que el Frente Sandinista será el vencedor de las elecciones generales de noviembre de 2021, al decir que ese partido tiene un modelo para resolver los problemas de pobreza de los nicaragüenses.

“Vamos al 2021, tenemos esperanzas de victoria, tenemos un modelo solidario, cristiano”. finalizó su discurso el sancionado servidor de Ortega.

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