Managua, 9 oct (EFE).- Human Rights Watch (HRW) dijo a los países de la OEA que urge rechazar las nuevas leyes totalitarias que Ortega prepara sobre ciberdelitos y agentes extranjeros, las cuales, advirtió, «reprimen el disenso y la libertad de prensa» en Nicaragua.
«Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben pronunciarse urgentemente contra la más reciente arremetida autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega», abogó HRW en una declaración pública.
Agregó que la OEA «debe rechazar categóricamente los recientes proyectos de ley que buscan aumentar la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos».
Según HRW, la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, presentada por los legisladores oficialistas, permitiría que el Gobierno de Ortega «controle las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes».
En tanto, la Ley de Ciberdelitos penalizaría la difusión de «noticias falsas y otras expresiones en internet, que podría usarse para silenciar y castigar la libre expresión».
OEA NO DEBE GUARDAR SILENCIO SOBRE NUEVAS LEYES
«Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al Gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al Gobierno», explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
«Los Estados de la OEA no deben guardar silencio (Sobre las nuevas leyes) mientras Ortega intensifica su ataque contra las voces críticas de su Gobierno», continuó.
HRW dijo que ha documentado que otros países, como Rusia, han usado leyes similares sobre «agentes extranjeros» para silenciar a la sociedad civil.
Esa iniciativa contempla multa, la confiscación de sus bienes y la cancelación de la personalidad jurídica a «agentes extranjeros», si intervienen en «cuestiones, actividades o temas de política interna», y les prohíbe que se postulen a cargos públicos.
Por su lado, sostuvo HRW, el proyecto sobre «ciberdelitos» incluye varias disposiciones «excesivamente amplias que amenazan particularmente la libertad de prensa».
«REPRIMIR» EL DISENSO
«Estos proyectos de ley incluyen numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación», dijo esa ONG.
HRW también criticó que el Ejecutivo esté considerando penas de prisión perpetua para los «crímenes de odio», cuando el derecho nicaragüense no contempla los «crímenes de odio, pero el Gobierno a menudo ha acusado a críticos y opositores políticos de cometer estos delitos».
«Dado que el Gobierno nicaragüense ha acosado y perseguido penalmente a periodistas y opositores en el pasado, su retórica sobre una reforma contra los «crímenes de odio» parece ser un intento más por intimidar a sus críticos», apuntó ese organismo.
Esas polémicas iniciativas de ley se dan en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de dos años.
Vivanco dijo al respecto que «a pesar de la violenta represión y la creciente hostilidad que sufren los medios y las organizaciones de derechos humanos en el país, estas entidades siguen denunciando los abusos que comete el Gobierno de Ortega».
«Sin embargo, los nuevos proyectos legislativos de Ortega podrían terminar por sofocar definitivamente a la sociedad civil y al periodismo independiente en Nicaragua», avisó.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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