Managua, 14 sep (EFE).- El dictador Daniel Ortega, propuso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prepare una reforma para que se castigue con “prisión a cadena perpetua” a quienes atenten contra “los derechos de todos a la vida y la convivencia familiar, armoniosa, y segura”, en un país done la pena máxima es de 30 años de prisión.
La vicedictadora Rosario Murillo, hizo el anuncio a través de medios del régimen, un día después de que se conoció el caso de dos niñas de 10 y 12 años que fueron asesinadas, y al menos una de ellas violada, lo que despertó la indignación en Nicaragua.
“Nuestro presidente está proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a todo aquel que cometa estos delitos, que tipificamos como crímenes de odio, crueles, humillantes, y degradantes”, reiteró Murillo.
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Actualmente la pena máxima en Nicaragua es de 30 años de cárcel, pero esta se extendería a plazos indefinidos si la propuesta de Ortega es aceptada.
Para que la cadena perpetua entre en vigor, la CSJ, dominada por magistrados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), deberá presentar una propuesta de reforma al Código Penal ante la Asamblea Nacional, y esta, luego de aprobarla, debe publicar la nueva disposición en La Gaceta, diario oficial.
De momento no se espera que la “orientación” de Ortega tenga retrasos, ya que la Asamblea Nacional, al igual que la Corte, también está dominada por los sandinistas.
Murillo afirmó que la propuesta persigue la voluntad de quienes “quieren vivir una cultura de paz, dignidad y respeto”.
La vicedictadora, quien en 1998 apoyó a su marido, cuando su hija, Zoilamérica Narváez Murillo, lo acusó legalmente por abusos sexuales, afirmó que el dictador Ortega ha propuesto “perseguir, condenar y castigar severamente estos delitos, que son de lesa humanidad”.
Actualmente las leyes condenan el delito de asesinato a con penas de 20 a 25 años de prisión, y el de violación hacia menores con 15 a 20 años de cárcel.
Murillo no aclaró si la propuesta de cadena perpetua será específica para los delitos contra menores de edad, o si abarcará crímenes graves contra cualquier persona, en momentos en que Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde el estallido en 2018.
El anuncio del régimen se da en un contexto donde existe la percepción de un aumento de la delincuencia en los últimos meses, que ha coincidido con la excarcelación de miles de delincuentes que tenían sentencia firme, aunque la Policía sostiene que mantiene los niveles de seguridad en los mínimos de Centroamérica.
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