Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), demandó al Gobierno de Nicaragua que asuma su responsabilidad y permita el ingreso inmediato de las más de 600 nicaragüenses que se encuentran en la frontera de Peñas Blancas,
Ellos demanda, además, que se les garantice de forma gratuita la prueba Covid-19 a las personas que lo necesitan.
Darce dijo que la CPDH está preocupada por los nicaragüenses que están prácticamente retenidos en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica pues han logrado hacer su despacho migratorio en este último país, pero al intentar ingresar a territorio nacional han sido impedidos de continuar y están rodeados por la Policía sandinista.
Constitución encima de todo
Recordó que la Constitución Política (CP) de Nicaragua establece que los nicaragüenses tenemos libertad para poder movilizarnos en todo el territorio nacional y ahora el régimen está imponiendo la presentación de la prueba negativa de Covid-19 para poder ingresar.
“Pero esta es una situación ilegal ya que la Constitución Política no puede ser borrada por una resolución ministerial, y corresponde que garanticen el artículo 28 que dice que los nicaragüenses que se encuentran fuera del territorio nacional tienen la protección del Estado de Nicaragua“, dijo.
“Entonces debería garantizar el ingreso ordenado y controlado, garantizar la prueba a las personas que lo necesiten y permitir su ingreso como corresponde, el Estado debe asumir su responsabilidad de proteger los derechos de esta personas”, dijo Darce.
Café con Voz: Ortega sordo ante situación de migrantes nicas en Peñas Blancas
Impedidos de acercarse a auxiliar
El funcionario informó que han hecho el intento de conversar con los nicaragüenses varados en la frontera y también con las autoridades fronterizas de Nicaragua, pero no ha sido posible.
Y mientras el gobierno de Ortega adopta esa actitud hay 600 personas que están sufriendo, aguantan sol, lluvia, sereno, no hay posibilidad de alimentos y están en una situación complicada que puede poner en riesgo la vida.
No descartó que la situación vuelva a repetirse por la imposición del requisito de la prueba Covid-19, pues muchos nicaragüenses no podrán pagarla por la falta de recursos económicos que le hacen tomar la decisión de retornar a su país de origen.
Calificó al gobierno de insensible e indolente ante la falta de acciones que permitan el ingreso rápido de los nicaragüenses y no descartó que esta actitud sea en represalia porque muchos de los que ahora regresan salieron del país por la represión política que se vive a raíz de abril de 2018.
OACNUDH: Más de 850 nicas desamparados en las fronteras
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de su cuenta en twitter informó que han conocido de la situación que enfrentan “alrededor de 850 nicaragüenses en zonas fronterizas de Costa Rica, Guatemala y Panamá en condiciones precarias a la espera de autorización por parte de las autoridades de Nicaragua para retornar a su país”.
“Al implementar controles fronterizos y medidas más estrictas en las fronteras en el contexto de la Covid-19, los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales garantizando los derechos humamos de las personas”, dice el organismo.
En tanto, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) exhortó al ACNUR a que asuma su papel protagónico en el caso de los migrantes varados en Peñas Blancas y otras fronteras de Centroamérica, argumentando que “la pandemia no puede ser excusa para violar los derechos humanos de los migrantes”.
