La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al régimen de Nicaragua responsable por múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Rama y Kriol y de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields.
La sentencia, emitida tras años de denuncias, destaca que estas comunidades fueron despojadas de sus derechos territoriales, culturales y ambientales en el contexto del fallido megaproyecto del Gran Canal Interoceánico.
El canal, anunciado como un ambicioso proyecto para transformar la economía nicaragüense, fue otorgado a la empresa china HKND en 2013 sin cumplir con los procedimientos legales de consulta previa, libre e informada, ni con estudios ambientales y sociales adecuados.
El tribunal también subrayó que la concesión representó una amenaza directa para la supervivencia de estas comunidades, exacerbada por la falta de protección del régimen frente a la invasión de colonos en sus tierras ancestrales.
Coete IDH: represión y violencia en nombre del «progreso»
Más allá de las irregularidades legales, el Gran Canal se convirtió en el pretexto para una serie de actos represivos por parte del régimen sandinista.
Desde 2013, decenas de marchas organizadas por líderes indígenas y campesinos fueron brutalmente reprimidas con un despliegue masivo de soldados y policías.
Las detenciones arbitrarias y la criminalización de quienes se opusieron al proyecto se sumaron a la persecución contra defensores de derechos humanos, generando un ambiente de miedo e inseguridad en las zonas afectadas.
El fallo de la Corte IDH documentó cómo las autoridades nicaragüenses interfirieron en la designación de líderes comunales, socavando la autonomía indígena y afrodescendiente.
Además, los títulos de propiedad emitidos por el régimen no correspondieron a las áreas históricas de las comunidades y, en muchos casos, los procesos administrativos enfrentaron demoras injustificadas.
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Violaciones ambientales y territoriales marcaron un patrón de abusos
La Corte también determinó que el régimen incumplió su obligación de proteger las tierras indígenas frente a invasores conocidos como “colonos”, cuyas actividades generaron una grave degradación ambiental.
Las comunidades afectadas enfrentaron una desprotección sistemática mientras el régimen priorizaba intereses externos sobre sus derechos fundamentales.
El fallo expone que el régimen de Ortega y Murillo no solo ignoró las exigencias legales de consulta previa, sino que permitió actividades extractivistas en territorios indígenas sin ningún tipo de regulación o control.
Esto, combinado con la represión violenta, configuró un patrón de abusos que refuerza las denuncias internacionales de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua.
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Corte IDH ordena reparaciones en su fallo
La Corte IDH ordenó al régimen nicaragüense una serie de medidas de reparación que incluyen la emisión de nuevos títulos de propiedad que reflejen las áreas históricas de las comunidades Rama y Kriol, así como la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields.
También se deben completar los procesos de saneamiento territorial pendientes, proteger las tierras frente a la invasión de colonos y garantizar procesos de consulta previa, libre e informada antes de implementar cualquier proyecto que impacte a estas comunidades.
Además, el fallo exige la creación de un fondo económico destinado a financiar proyectos sociales, culturales y de desarrollo sostenible para las comunidades afectadas.
Este fondo busca compensar las pérdidas históricas generadas por las políticas del régimen y fomentar la recuperación de su autonomía y modos de vida.
Un llamado de atención internacional al régimen de Ortega
La sentencia, que contó con el respaldo de la mayoría de los jueces del tribunal, subraya la responsabilidad del régimen sandinista en perpetuar un modelo de explotación que prioriza intereses económicos sobre los derechos de sus ciudadanos.
La jueza Patricia Pérez Goldberg emitió un voto parcialmente disidente, mientras que los jueces Rodrigo Mudrovitsch y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot presentaron un voto concurrente.
Este fallo llega en un momento crítico para Nicaragua, que enfrenta un creciente aislamiento diplomático y una intensificación de las críticas internacionales por su historial de violaciones a los derechos humanos.
El régimen de Ortega deberá implementar las reparaciones ordenadas bajo la supervisión de la Corte, lo que representa un desafío para un sistema caracterizado por la falta de transparencia y la represión sistemática de la oposición.
Mientras el proyecto del Gran Canal permanece archivado, el legado de abusos y desplazamientos continúa afectando a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, quienes luchan por preservar sus tierras y culturas frente a un régimen que las ha relegado al olvido.
Este caso reafirma la importancia de los organismos internacionales para visibilizar y sancionar las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos más vulnerables.