El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa obsesionado en su estrategia de consolidación regional, ahora presentando una terna aún más nefasta para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Tras el rechazo del tenebroso Valdrack Jaentschke Whitaker, un espía con un oscuro pasado en la Dirección Nacional de la Seguridad del Estado, la nueva propuesta no solo no mejora, sino que empeora gravemente la situación del foro regional.
Violadoras de derechos humanos al SICA
La terna presentada incluye a tres mujeres sancionadas internacionalmente por su implicación en graves violaciones a los derechos humanos.
A todas luces esta propuesta representa un retroceso para los valores democráticos que deberían regir en la región y expone la falta de personas honestas, probas y legítimas del régimen criminal Ortega-Murillo.
Arling Patricia Alonso Gómez: corrupción sancionada y obediencia total
En primer lugar, figura Arling Patricia Alonso Gómez, diputada sandinista y médico de profesión, quien ha mostrado una lealtad perruna al régimen de Ortega durante sus doce años en la Asamblea Nacional.
Esta sumisión vergonzosa le ha garantizado un lugar en la Junta Directiva del Parlamento, desde donde aprieta el botón para aprobar cualquier barbaridad que se le ocurra a los criminales Ortega-Murillo.
Alonso ha sido sancionada por Estados Unidos bajo la «Lista Engel» debido a su participación en actos de corrupción y su respaldo a leyes antidemocráticas, como la que despojó de la nacionalidad a cientos de opositores y les robó sus propiedades.
Estos actos han sido calificados como violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales.
Lea: Cartel sandinista conspira para imponer al espía Valdrack Jaentschke en el SICA
María Amelia Coronel Kinloch: arquitecta de la represión
La segunda candidata, María Amelia Coronel Kinloch, es la actual y enorme Ministra del Interior, una pieza clave y de peso pesado en la represión estatal.
Coronel ha supervisado y aprobado la confiscación de bienes, la cancelación de personerías jurídicas de ONG y el control de las prisiones donde se han reportado torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones a presos políticos.
Desde su voluminosa mala calaña, también ha contribuido al exilio forzado de miles de nicaragüenses, negándoles servicios consulares y confiscando sus pasaportes, lo que ha generado una crisis humanitaria y una diáspora masiva nunca antes vista en Nicaragua.
Bajo su mando, la Dirección de Migración y Extranjería ha trazado un esquema de trata de personas que facilita el tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos mediante el cobro de sobornos.
Este lucrativo negocio ha enriquecido al régimen a costa del sufrimiento de miles de ciudadanos de todo el mundo y ha provocado daños incalculables a la seguridad de Estados Unidos.
Sonia Castro González: autora del crimen de negar atención médica a heridos
Finalmente, la terna incluye a Sonia Castro González, tristemente célebra exministra de Salud y actual asesora presidencial, quien está sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Castro ordenó que se negara atención médica a manifestantes heridos durante las protestas de 2018, lo que resultó en muertes trágicas como la del adolescente Álvaro Conrado, víctima de un francotirador policial, a quien dejaron morir en las puertas del hospital Cruz Azul.
Su implicación en estos crímenes la coloca en la mira de la justicia internacional y subraya la indiferencia del régimen hacia los derechos humanos y la falta de personas idóneas y honradas en sus filas.
Una amenaza al SICA y un desafío para la integración
Esta nueva propuesta del régimen de Ortega para el SICA deja a los países miembros en una encrucijada moral.
Aceptar a estas candidatas implicaría una mancha en la reputación del organismo, mientras que rechazarlas significaría enfrentarse nuevamente al autoritarismo nicaragüense que ha trastocado la región con su negocio de tráfico de migrantes y el narcotráfico.
La inclusión de estas figuras sancionadas y autoras de crímenes de lesa humanidad es una clara advertencia de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para mantener su control regional y servir Centroamérica a China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
La comunidad centroamericana deberá decidir si cederá ante la presión de Ortega o se levantará en defensa de la democracia y los derechos humanos.