Un informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), destaca que en ocho departamentos de Nicaragua no existen periodistas independientes en funciones, ya que debido a la represión de la dictadura Ortega-Murillo, hasta 263 periodistas se han exiliado.

La Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) presentó este 10 de julio su informe trimestral sobre las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, abarcando los meses de abril, mayo y junio de 2024.

El informe destaca un incremento en las amenazas y censura a periodistas, incluyendo aquellos alineados con el oficialismo y la propaganda del régimen.

«Durante este trimestre, se documentaron un total de 34 casos de agresiones a la libertad de prensa, siendo los ‘discursos estigmatizantes’ el indicador más recurrente», señala el informe.

Se ensañan contra periodistas jubilados

La FLED ha identificado un nuevo patrón de visitas intimidatorias por parte de agentes policiales y paramilitares a profesionales del periodismo, muchos de los cuales son jubilados o padecen de enfermedades crónicas.

«A varios de ellos los han amenazado con llevarlos a la cárcel si no responden sus preguntas o no asisten a las citas», añade.

La situación para los periodistas en Nicaragua ha llegado a un punto crítico, con al menos 17 periodistas obligados al exilio en este trimestre.

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Cifra de periodistas exiliados asciende a 263

Desde abril de 2018 hasta junio de 2024, la FLED ha documentado que 263 profesionales de la comunicación han abandonado el país buscando protección internacional debido a la persecución estatal.

Este éxodo ha contribuido a un apagón informativo en ocho departamentos de un total de 15, así como en dos regiones autónomas.

El informe destaca el caso del departamento de Granada, donde la mayoría de los medios de comunicación solo presentan noticias de sucesos y servicios sociales, con contenido neutro facilitado por las alcaldías.

«Con este caso, contabilizamos que ya en 8 departamentos del país (47%) no existe práctica periodística independiente», subraya el informe.

El informe sale en el contexto del cierre y confiscación de Radio María de Nicaragua y el destierro de la periodista Nohelia González, a quien los esbirros de la policía sacaron de su casa de madrugada para despatriarla a Panamá.

Ataques a periodistas oficialistas: mal paga el diablo…

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo se ha centrado en periodistas independientes.

«Recibimos reportes que indican que a los periodistas oficialistas de los diferentes departamentos se les ha prohibido cubrir servicios sociales o denuncias ciudadanas, y se les ha amenazado hasta de encarcelarlos si violentan esta disposición», expresa la FLED.

Un periodista oficialista consultado por la fundación mencionó que se les ha prohibido la apertura de líneas telefónicas para que la ciudadanía exprese sus opiniones e inquietudes.

«Ahora la modalidad es enviar audios, los que son evaluados previamente», comentó el periodista. Otros han mencionado sentirse inseguros en sus hogares y en las calles.

«Uno no sabe, en cualquier momento una patrulla llega a tu casa, te saca o te agarra en las calles y uno no sabe por qué», expresó otro comunicador oficialista.

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Periodistas oficialistas
Pese a su servilismo, su triste papel de propagandistas y promotores de noticias falsas, a su nefasto rol de espías y orejas de la dictadura sandinista, las sanciones y represalias del mismo régimen criminal Ortega-Murillo está alcanzando a los «periodistas» oficialistas y demás plumíferos a sueldo de la familia dinástica de Nicaragua.

Llamado a la acción internacional

La FLED ha demandado la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay y de todas las personas presas políticas castigadas por ejercer sus libertades fundamentales.

«Desde FLED, queremos señalar que la cultura de censura, exilio, amenazas y restricciones en contra del periodismo independiente y las voces críticas ‘mantiene su esplendor'», afirma la organización.

La situación del periodismo en Nicaragua refleja una política de terror que ha forzado al exilio a casi 300 periodistas, y que ahora alcanza a profesionales retirados y propagandistas del propio régimen.

La comunidad internacional y los defensores de la libertad de prensa deben intensificar la presión sobre el régimen de Ortega y Murillo para restaurar los derechos fundamentales y proteger a los periodistas nicaragüenses.

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