El dictador Daniel Ortega reapareció este 18 de mayo con una dura advertencia dirigida a los banqueros de Nicaragua, a los que que amenazó con sancionar y echarlos presos por reclamos sobre las confiscaciones.
Ortega acusó a la banca de «complicidad» con personas, medios de comunicación y organizaciones cuyas propiedades han sido confiscadas por su régimen.
El dictador calificó a estos actores como «estafadores» durante un acto oficial por el 129 aniversario del natalicio del bandolero Augusto C. Sandino, a quien la dictadura considera «héroe nacional».
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«Ahí están pegando brinco algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores (…) se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables», amenazó Ortega al finalizar su discurso.
El tirano reconoció que las propiedades confiscadas representan «varios millones» de dólares y justificó estas acciones diciendo que los bienes incautados fueron declarados propiedad del Estado «para beneficio del pueblo».
Según el dictador, todas esas propiedades confiscadas «se movían en el lavado de dinero».
«Pero lo importante es que esa riqueza mal habida que estaba en manos de delincuentes, está en este momento en manos del Estado a disposición del pueblo», insistió Ortega, quien vive desde 1979 en una casa confiscada a un ex banquero del antiguo dictador Anastasio Somoza.
Expropiaciones superan los 250 millones de dólares
El intento de Ortega de justificar las confiscaciones se produce dos días después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).
La organización calculó que las confiscaciones de bienes en Nicaragua tienen un costo de al menos 250 millones de dólares, una cifra que los ciudadanos deberán pagar como deuda pública.
La investigación, titulada «La Nueva Piñata Ortega-Murillo», revela que las confiscaciones comenzaron en 2018 y se intensificaron en febrero de 2023, tras el destierro de un grupo de 222 presos políticos y la desnacionalización de 94 ciudadanos.
En los últimos seis años, el régimen ha confiscado viviendas, propiedades, medios de comunicación, ONG, universidades, cámaras empresariales e iglesias.
Los autores del informe admiten que el cálculo de 250 millones de dólares es preliminar debido a la falta de información disponible, tanto por la opacidad del régimen como por el temor de los afectados.
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PGR: confiscaciones por delitos contra la «paz»
Al igual que Ortega, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó justificar las confiscaciones, argumentando que simplemente han «recuperado para el pueblo de Nicaragua» propiedades que, según ellos, eran «usufructuadas indebidamente» por particulares.
En un comunicado emitido el 17 de mayo de 2024, la PGR afirmó que la transferencia de estas propiedades al Estado es el resultado de procesos penales relacionados con el «narcotráfico, lavado de dinero y la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses».
Según la narrativa del régimen, el Estado también habría «recuperado propiedades» que pertenecían a Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) debido al incumplimiento de la legislación vigente.
Las acciones del régimen Ortega-Murillo, que incluyen la expropiación masiva de bienes y la represión de la oposición, han sido denunciadas por organizaciones internacionales como la ONU y la OEA.
Estas entidades han señalado a la administración de Ortega y Murillo como responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Una historia de confiscaciones
Las recientes confiscaciones de propiedades son una continuación de las prácticas de expropiación que se remontan a la primera «piñata» de los años noventa, cuando el FSLN llevó a cabo una masiva redistribución de bienes tras la derrota electoral de 1990.
Hoy, bajo el liderazgo de Ortega y Murillo, estas prácticas han resurgido, exacerbando la crisis económica y social en el país.
La comunidad internacional sigue observando con preocupación los desarrollos en Nicaragua, mientras el régimen Ortega-Murillo continúa consolidando su control sobre el país a través de medidas autoritarias y represivas.