La dictadura sandinista se ha valido de herramientas locales y extranjeras, para perseguir y asediar a los nicaragüenses que han tenido que huir de su represión, radicados principalmente en Costa Rica, señala el informe sobre violación de derechos humanos, publicado por el Departamento de Estado de EEUU.
El informe indica que los exiliados en Costa Rica y en otros lugares, denunciaron hostigamiento y opresión política por parte de parapolicías y simpatizantes del gobernante Frente Sandinista que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por parte de funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de Nicaragua en Costa Rica.
«Una ley de delitos cibernéticos permitió al gobierno utilizar la extradición internacional para perseguir a los ciudadanos que viven en el extranjero y que cometieron los llamados delitos cibernéticos», dice el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Amenazas, acoso, vigilancia y coerción
Los familiares de los miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, hostigados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del régimen de obligar a los miembros de la oposición en el exilio a regresar al país y ser arrestados.
«El gobierno negaba sistemáticamente a estos familiares el acceso a documentos públicos, como certificados de nacimiento de niños bajo tutela compartida o pasaportes. En varios casos, las autoridades exigieron la presencia de un padre o madre que había sido exiliado forzosamente por el gobierno para solicitar documentos públicos para menores de edad», se lee en el informe de EEUU.
Y ejemplificó: «El 1 de diciembre, la policía acusó a Karen Celebertti, organizadora de la franquicia local de Miss Universo, de incitar y financiar acciones terroristas y de conspirar en un complot respaldado por el extranjero para derrocar al gobierno. Las autoridades prohibieron a Celebertti y a su hija regresar al país después de la competencia a fines de noviembre. El 27 de noviembre, la policía arrestó a su esposo y a su hijo bajo cargos similares, y permanecían detenidos hasta el 20 de diciembre».
De igual forma sostiene que hubo informes creíbles de que el régimen había intentado hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluso contra clérigos que se exiliaban.
Hubo informes creíbles, agrega el informe, de que las autoridades intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándoles servicios consulares, dice el informe de EEUU.
Las autoridades migratorias dentro del país y a través de las oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a los pasaportes a presuntos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país. Además, el régimen, principalmente a través de notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas, negó la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país.
Embargos, robos, desnacionalizados
Con frecuencia, indicó el Departamento de Estado no tomaba medidas efectivas con respecto a la incautación, restitución o compensación de la propiedad privada. «Algunas confiscaciones de tierras tenían objetivos políticos y se dirigían contra personas concretas, como propietarios de empresas consideradas independientes o contra el partido gobernante».
La dictadura «confiscó sistemáticamente los bienes de las ONG y las empresas privadas, despojándolas de su estatus legal o acusándolas de infringir la ley. En muchos casos, el gobierno reutilizó la propiedad para servir a los intereses del partido».
Asimismo la dictadura congeló los activos personales de 316 ciudadanos a los que despojó de su nacionalidad en febrero. En varios casos, el régimen confiscó propiedades de familiares de esas 316 personas, dice el informe de EEUU.
El régimen también canceló los derechos de funcionamiento de 11 universidades privadas, incluida la institución independiente más grande que quedaba, la Universidad Centroamericana, a la que la Fiscalía del Estado acusó de terrorismo, y la jueza Gloria Saavedra ordenó la transferencia de sus bienes al Estado.
La dictadura remodeló el campus para convertirlo en una universidad pública en 24 horas y no permitió a las víctimas ningún recurso legal. El Ministerio del Interior canceló la personería jurídica de la Compañía de Jesús, la orden jesuita que opera en el país desde 1995, y confiscó la casa que albergaba a sacerdotes jesuitas jubilados. El Ministerio del Interior también ordenó la incautación de los bienes de la asociación.
Además, el régimen confiscó los activos de la filial nicaragüense de la Cruz Roja y rebautizó los activos nacionalizados como propiedad de la «Cruz Blanca», una nueva organización gubernamental afiliada al Ministerio de Salud. Dictaduras de Nicaragua y Rusia, acuerdan «contrarrestar» sanciones y hasta piensan pedir que les indemnicen