La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, por medio del Departamento de Estado, mandó un mensaje de “felicitaciones” a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a 13 de sus sirvientes en la conocida como la “Lista Engel”, en la fecha en la cual los sandinistas recuerdan el derrocamiento de la dinastía de los Somoza y el nacimiento de la actual dictadura.
En su reporte al congreso sobre personas extranjeras que se han involucrado en acciones antidemocráticas, el Departamento de Estado, incluyó en la Lista Engel a 49 personas. La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica.
En el caso de Nicaragua, se incluyen diputados, la procuradora general de la dictadura, ex militares a cargo de la Unidad de Análisis Financiero, jueces, directores del Registro de la Propiedad, la vicesuperintendente de Bancos y la subdirectora del Seguro Social.
Estos son los sancionados por Estados Unido y las razones:
Arling Patricia Alonso Gómez , la actual primera vicepresidenta del parlamento sandinista la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta del parlamento sandinista, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria del parlamento sandinista, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
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Alejandro Mejía Ferreti , el actual tercer secretario del parlamento sandinista socavó los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
La procuradora del régimen y los verdugos judiciales
Wendy Carolina Morales Urbina , la actual procuradura general del régimen, socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando su rol para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
Rosa Argentina Solís Dávila , jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Ángela Dávila Navarrete , actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Los dos guardias sandinistas
Denis Membreño Rivas , actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna.
Aldo Martín Sáenz Ulloa , actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
Los registradores delincuentes
Valeria Maritza Halleslevens Centeno, la actual directora de la Dirección Nacional de Registros, DNR, de la Propiedad (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
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Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
La vicesuperintendente de Bancos y el INSS
Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.