Por Luis Galeano
Dos años después de la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones emitidas en al menos seis informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Todo ello en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 abril de 2018; el régimen tampoco ha cumplido con la adopción de 85 medidas cautelares para proteger a más de 200 personas y sus círculos familiares “frente a inminente riesgo de daños irreparables a su integridad y vida”.
“La Comisión reconoce que, en el contexto de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua, los efectos de la pandemia por COVID-19 podrían resultar aún más gravosos para los derechos de la población nicaragüense”, indica un informe de la CIDH.
El organismo le recuerda al Estado “sus obligaciones para la superación de la crisis de derechos humanos que persiste hasta la fecha”.
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Dos años de rendir testimonio del horror
La CIDH informa que el 24 de junio de 2018 se instaló el MESENI “con el fin de monitorear la situación de los derechos humanos en el país y dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH en las Observaciones Preliminares de su visita y en el Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”.
Asimismo, el MESENI da seguimiento a las recomendaciones emitidas posteriormente en el Informe Final del GIEI Nicaragua (2018) así como en los informes anuales de la Comisión de 2018 y 2019, y en el informe Migración Forzada de Nicaragüenses a Costa Rica (2019).
También así como al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en este contexto para las personas con grave riesgo a su vida o integridad física.
Ninguna de las recomendaciones contenidas en los informes referidos ni en el marco de las medidas cautelares se ha cumplido hasta la fecha por parte del Estado de Nicaragua y la Comisión observa que tampoco se han dado pasos en ese sentido”.
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En su recuento, según datos del MESENI, recuerdan “la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión”.
Esta represión, según el organismo, provocó la muerte de 328 personas, cerca de 2 mil heridos, más de 770 privados de libertad y despidos arbitrarios de profesionales de la salud que aún persisten.
El informe cita los datos registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que indica que más de 100 mil personas habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua y más de 90 periodistas y trabajadores de medios forzados al exilio.
Los crímenes de lesa humanidad
De acuerdo con el informe, “el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la Comisión en julio de 2018 con el fin de coadyuvar en las investigaciones de las muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el país, concluyó la realización de conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, tales como la encarcelación u otra privación de la libertad física, persecución, violación y tortura”.
La CIDH ha denunciado una quinta etapa de la represión estatal en el país ( CP. 80/2020), “caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas”.
“En dicho contexto, la Comisión también advirtió que persiste el quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo, la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otras”.
Persiste el terrorismo de estado
“Asimismo, a través del MESENI, la Comisión ha denunciado la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
“En particular, desde el 2018 el Estado mantiene una estrategia para impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al gobierno”, dice el informe.
“Además, persiste la práctica regular de detenciones con fines intimidatorios y acusaciones penales arbitrarias e ilegales en contra personas opositoras, que a la fecha mantiene a más de 80 personas privadas de libertad”, indica el informe.
En el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH ha expresado su preocupación por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Reina la impunidad para los criminales del dictador
“Por ejemplo, respecto de la aprobación de los decretos de disolución forzada de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos dictados como represalia a su trabajo por denunciar la grave situación del país”, cita.
A la fecha, las nueve organizaciones de la sociedad civil afectadas desde diciembre de 2018 por la cancelación de su personería jurídica no han sido restituidas y sus bienes, archivos y expedientes respecto casos documentados de violaciones a los derechos humanos tampoco han sido devueltos; lo que representa una amenaza latente para otras organizaciones y colectivos de víctimas que se mantienen trabajando en el país”.
La CIDH reiteró su preocupación por la impunidad de las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, “en particular, debido a la falta de independencia judicial y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional, entre ellas, la Ley de Amnistía.
Lo anterior, sumado a la narrativa oficial que desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos, ha puesto en evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación adecuada”.
No respetan ni las tumbas de sus víctimas
Sobre los planes de reparación por parte del Gobierno, la Comisión ha documentado que la implementación del Plan de Atención Integral a Víctimas y la instalación de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz no ha dado cobertura a las víctimas de la represión estatal.
Más bien, el Mecanismo ha reportado persecución en contra de las organizaciones de familiares de víctimas “por medio de la vigilancia y asedio de sus miembros, así como por otros actos de violencia, como la profanación de las sepulturas de las personas asesinadas, por parte de grupos pro-gobierno”.
Respecto la represión y la violencia contra los medios de comunicación, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado su preocupación “por la escalada de ataques a la prensa y sobre los indicios de una represión sistemática de los medios de comunicación, con periodistas silenciados, agredidos y amenazados de muerte”.
Censura, persecución y destrucción contra libertad de prensa
De acuerdo con la información recibida, las instalaciones del canal 100% Noticias, las oficinas del medio digital Confidencial y del programa televisivo “Esta Semana” y “Esta noche” siguen tomadas.
El 27 de septiembre de 2019, la retención arbitraria del papel y otros insumos necesarios para la publicación de los periódicos, resultó en el cierre de “El Nuevo Diario”.
“La Comisión hace presente que paralelamente al despliegue de la crisis de derechos humanos y las distintas etapas de la represión estatal, se ha denunciado la reactivación de un fenómeno de ejecución selectiva de campesinos, sobre todo en el norte del país, así como ataques a comunidades indígenas en las regiones autónomas de Nicaragua, las cuales han producido víctimas fatales y despojo de los bienes y territorios de las comunidades”.
“Pese a que organizaciones defensoras y las propias víctimas han denunciado circunstanciadamente la participación o aquiescencia de agentes estatales en estos ataques, hasta ahora y pese a las recomendaciones de la CIDH, no se han adelantado procesos oportunos e imparciales que investiguen y establezcan responsabilidades en estos casos”, dice el informe de la CIDH.
Siguen los testimonios del dolor
En este informe se reitera que “en estos dos años de funcionamiento, la CIDH, a través de su MESENI, ha recabado más de 1621 testimonios de víctimas de la represión en Nicaragua”.
“Estos testimonios aportarán en la construcción y registro de la memoria histórica sobre lo ocurrido, lo que resultará esencial en el desarrollo de los procesos de verdad, justicia y reparación, demandados por la población nicaragüense”, reza el documento.