El Parlamento Europeo votó a mano alzada este jueves una resolución en la que insta a sus Estados miembros a iniciar investigaciones formales “sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses».
La medida es a partir de las pruebas recopiladas por el Grupo de Expertos de la ONU sobre derechos humanos.
En la resolución que se votó a mano alzada, los eurodiputados también pidieron una prueba de vida del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez secuestrado condenado a 26 años de prisión y a la pérdida de la nacionalidad tras rechazar el destierro, e insisten en reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, opositores, activistas, miembros de la Iglesia católica y periodistas detenidos arbitrariamente, y encarcelados en ocasiones en condiciones inaceptables.
El texto condena la deportación de 222 presos políticos el pasado febrero, así como la privación de su nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos. El PE recuerda que la privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida por el Derecho internacional y pide la revocación inmediatamente de estas medidas y que se ponga fin a la persecución y represalias contra los disidentes.
El Parlamento Europeo destacó que los abusos perpetrados desde abril de 2018 en Nicaragua no son un fenómeno aislado, sino que buscan «desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta» del país.
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El Parlamento instó a los Estados miembros a iniciar, a partir de las pruebas recopiladas por el Grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos, investigaciones formales sobre crímenes contra la humanidad, ejerciendo la jurisdicción universal.
Entre otros crímenes, el citado grupo ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica, que incluían violencia sexual y de género, en el contexto de la detención, el interrogatorio y la reclusión de opositores políticos.
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Por otro lado, los eurodiputados creen que la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará en julio en Bruselas –después de ocho años sin reuniones al más alto nivel- es una oportunidad para defender los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Confían en que en dicha reunión habrá una declaración exigiendo el debido respeto de los derechos humanos en ambas regiones, en particular en Nicaragua.
Ante la situación en el país, la resolución insta a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y anima a la UE y los Estados miembros a incluir garantías específicas de respeto de los derechos humanos en lo que respecta a los fondos europeos asignados, también cuando se canalicen a través de instituciones multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica.