El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó una resolución con 21 votos a favor para renovar por dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua para investigar las violaciones a estos derechos en el país centroamericano.
La resolución fue aprobada con 21 votos a favor, cinco en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea y Vietnam) y 21 abstenciones, incluido Honduras que en la última resolución había votado en contra.
Pese a sus posturas condescendientes con la dictadura, México votó a favor de renovar el mandato.
En la resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a la dictadura sandinista a liberar a los secuestrados políticos, anular sus sentencias y respetar las garantías del debido proceso.
Además, insta a la dictadura a restablecer el registro legal de las más de tres mil organizaciones canceladas desde 2018, a respetar la independencia académica, entre otros.
El 6 de marzo de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó oficialmente el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que subrayaron que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad en los que han participado las instituciones del Estado con el objetivo de eliminar cualquier indicio de oposición.
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“El Estado de Nicaragua ha incumplido su obligación de impedir las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe, y de garantizar recursos accesibles y eficaces a las víctimas cuando éstos se hayan cometido. El Estado también ha incumplido su obligación de investigar dichas violaciones, abusos y crímenes, y de sancionar a las y los responsables”, señala parte del informe que acusa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de ser los máximos responsables.
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El informe expone que el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles participaron en conductas violatorias de los derechos humanos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, deportación forzosa, y persecución por motivos políticos.
El Grupo de Expertos investigó 102 casos de graves violaciones y abusos a los derechos civiles y políticos, e identificó los principales patrones, permitiendo constatar que la dictadura respondió a las expresiones de descontento social con medidas represivas crecientemente articuladas.
“Dichas vulneraciones fueron cometidas como parte de un plan o política impulsada por las máximas autoridades del Estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso”, señala.