El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ofreció la ciudadanía española a los 94 nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad, tal como hizo con los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
El jefe de la diplomacia española se lo comunicó telefónicamente al propio Sergio Ramírez, quien había remitido una carta al presidente Pedro Sánchez planteándole este problema, aunque él no necesita la nacionalidad española, ya que la adquirió en 2018.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la oferta y la ha hecho extensiva a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones de la dictadura de Daniel Ortega.
España ya entró en contacto con varios de los 222 nicaragüenses desterrados en Estados Unidos para trasladarles la oferta e iniciar los trámites de nacionalización, a través del Consulado General en Washington.
La concesión de la ciudadanía española se hará por “carta de naturaleza”. Se trata de un procedimiento excepcional por el cual, atendiendo a las circunstancias y méritos del peticionario, el Consejo de Ministros puede otorgar la nacionalidad a un extranjero mediante la aprobación de un real decreto y sin necesidad de un expediente previo, aunque el interesado debe presentar la correspondiente solicitud.
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El 15 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, arrebató la nacionalidad a 94 nicaragüenses, incluyendo periodistas como el director de Café con Voz, Luis Galeano y religiosos como el obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, así como activistas y defensores de derechos humanos, a quienes tachó de “traidores de la patria”, según difundieron los medios de comunicación propiedad de la familia dictatorial.
Una declaración firmada por Ernesto Rodríguez Mejía, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, al servicio de la dictadura, señaló que los 94 declarados como traidores de la patria “continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Entre la lista de despatriados se encuentran el obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, el padre Edwin Román, el sacerdote Harving Padilla; la socióloga Elvira Cuadra, Haydeé Castillo; así como los defensores de derechos Humanos Pablo Cuevas y Vilma Núñez.
El servidor de la dictadura hizo referencia a la Ley 1145, “Ley que regula la pérdida de la nacionalidad”, que fue publicada en La Gaceta, Diario oficial, el pasado 10 de febrero, pese a que la reforma constitucional aun no está vigente.