La Coalición de Inmigrantes de Florida, solicitó a la administración de Joe Biden que vuelva a considerar a Nicaragua por el Estatus de Protección Temporal (TPS), debido el deterioro de los derechos humanos que atraviesa el país desde el año 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica surgida de protestas ciudadanas que fueron brutalmente reprimidas con un saldo de más de 355 muertos.
La carta con copia al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y al secretario de Estado, Antony Blinken, detalla el proceso de insturación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde que el Frente Sandinista volvió al poder en el año 2007.
“La consolidación del poder judicial, electoral y presidencial bajo el régimen de Ortega-Murillo, y la brutal represión de cualquier disidente percibido hace imposible cualquier tipo de gobernabilidad democrática”, indicó la Coalición en su carta a Biden.
“El poder judicial está alineado con el poder ejecutivo y, por lo tanto, los tribunales canguro han sentenciado a opositores políticos a prisión bajo cargos falsos de terrorismo. Los disturbios civiles provocaron contracciones de la economía, y la pobreza ha aumentado entre un 2-5%”, indica el documento.
Actualmente, la dictadura que usurpa el poder, mantienen encarcelados a más de 235 presos políticos, entre dirigentes de la oposición y sacerdotes de la Iglesia Católica, según cifras preliminares de organismos defensores de Derechos Humanos.
Recuerdan palabras de Biden y Blinken
La organización también destaca el impacto de los huracanes Eta e Iota, cuyos estragos todavía persisten en la Costa caribe de Nicaragua, así como el daño a la reserva Indio Maíz, a causa del incendio forestal que consumió varias hectáreas de bosque.
Asimismo indicó que el mismo presidente Biden y el mismo secretario Blinken, han declarado que a los países con dictaduras brutales como Cuba, Venezuela y NIcaragua, es imposible que puedan regresar los ciudadanos que han huido evitando la represión.
«Como declaró el presidente Biden en septiembre de 2022: ´Lo que está bajo mi supervisión ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la capacidad de enviarlos [inmigrantes] de regreso a esos estados no es racional´».
En octubre,cuando el Secretario Blinken se reunió con líderes de derechos humanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, declaró: «Estados Unidos se solidariza firmemente con todos aquellos que buscan defender sus derechos básicos, los derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, y derechos que lamentablemente siguen siendo negados por estoss Gobiernos o regímenes».
“Solicitamos que la administración de Biden vuelva a designar a Nicaragua para TPS y proporcione un período de registro mínimo de 180 días para los nuevos beneficiarios bajo las nuevas designaciones”, manifiestan en la misiva.
El TPS impide la deportación de quien lo tiene en Estados Unidos pero no equivale a una residencia permanente. Se calcula que unos 57,000 hondureños, 2,550 nicaragüenses y unos 180,000 salvadoreños se benefician del TPS en Estados Unidos, según datos oficiales.
Inmigrantes que llegaron recientemente a Estados Unidos no pueden obtenerlo porque éste acoge únicamente a los que llegaron en plazos específicos hace décadas, como por ejemplo después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999.
En noviembre pasado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio a conocer que ampliará la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta el 30 de junio de 2024, a ciudadanos originarios de seis países, entre los que se encuentra Nicaragua. EE.UU extiende TPS a Nicaragua por dos años
La incertidumbre por la continuidad del programa comenzó durante la administración de Donald Trump, cuyo gobierno intentó desaparecer el TPS para ciertos países, entre ellos Nicaragua. Un grupo de personas tepesianas y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda, Ramos vs Mayorkas, en 2018, contra la administración federal por el fin de la protección temporal.
El TPS vencía el 31 de diciembre del 2022 y cubre a ciudadanos de Haití, El Salvador, Nepal, Sudán, Honduras y Nicaragua. Con esta extensión se está beneficiando a más de 260 mil inmigrantes.