Tres asesores de la todavía presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, Alba Luz Ramos, fueron remitidos a un juicio por ser autores de los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional»
Moisés Abrahan Astorga Saez y María José Camacho Chevez, asesores de Ramos; y a Hans Camacho Chevez, responsable de informática del Complejo Judicial de Managua, son los acusados por la dictadura que inició meses atrás el desmantelamiento del anillo de confianza de Ramos, a quien se dice echarán del Poder Judicial de la dictadura en enero próximo.
Los tres cercanos a la presidente del Poder Judicial que le sirve a Ortega y Murillo, enfrentarán la causa que inventaron en su contra, en el juzgado Quinto Penal de Audiencia, a cargo de Nalia Ubeda Obando.
El abogado y ex funcionario de la CSJ del régimen, Yader Morazán, dijo que no sorprende que la acusación haya sido aceptada, ya que Alba Luz Ramos y su equipo están en la cuerda floja.Dictadura acelera el final de Ramos
«Como era de esperarse, hoy remitieron a juicio la causa Moises Astorga, y los hermanos María y Han – Camacho, todos ex colaboradores cercanos de la presidenta de la CSJ, acusados de los delitos de «Propagación de noticias falsas …», y “Menoscabo a la integridad Nacional”», escribió en su cuenta de Twitter.
Como víctima de éste caso aparece el Estado de Nicaragua, Bien Jurídico protegido y la Salud Pública de Nicaragua, según la acusación presentada el 19 de noviembre por la fiscal del régimen Heydi Estela.
Café con Voz, pudo comprobar que en las páginas de las redes sociales de los acusados, hubo una suplantación y alteración de publicaciones, haciéndoles ver como críticos del régimen al que servían. Los cambios en las redes se dieron luego de que fueron secuestrados.
En octubre se registró una “sacudida” en el Poder Judicial, al encarcelar a Roberto Larios, vocero de la entidad.
Morazán explicó en esa ocasión que los niveles de represión dentro del Estado han incrementado considerablemente, por lo que es imposible que los trabajadores estatales puedan elevar su voz o al menos, no mostrarse muy conformes con las decisiones de la dictadura.
El pasado 25 de octubre, el Parlamento, al servicio de la dictadura, aprobó la “renuncia” presentada por Ileana Pérez y su personal de apoyo fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, a declarar.
Pérez adujo problemas de salud, pero tanto en el Poder Judicial como en otras instancias públicas, se sabe que su salida es por haber caído en desgracia ante los ojos de los dictadores.