La Corporación Latinobarómetro anunció este martes que no incluirá en su próximo estudio a Nicaragua, para evitar eventuales secuestros de la dictadura sandinista a los encuestadores en el país centroamericano.
A través de sus redes sociales, Latinobarómetro, con sede en Santiago de Chile, anunció que es la primera vez que se excluye a un país de un estudio por esta razón en los 28 años de la organización no gubernamental.
“Queremos hacer una declaración pública anunciando que en esta última ola de Latinobarómetro que aplicaremos ahora, no podremos medir Nicaragua porque las condiciones no están dadas. No podemos arriesgarnos a que nuestros encuestadores sean detenidos”, señaló.
“Por primera vez en 28 años no podremos aplicar el estudio en un país (Nicaragua), debido al riesgo que implica para los encuestadores. Cabe señalar que no hay inconveniente para aplicar el estudio ni en Venezuela ni en El Salvador”, añadió.
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Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes.
Latinobarómetro reveló percepciones de corrupción en 2021 en Nicaragua
Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos.
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La Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación.
El último estudio de Latinobarómetro en Nicaragua en 2021, señaló que la principal percepción de corrupción en Nicaragua la ocupa el dictador Daniel Ortega, seguido por la Policía a su servicio.
En 2021, el estudio arrojó que los nicaraguenses ubican en tercer lugar a los jueces y magistrados con un 32 por ciento.
Los empleados públicos también son percibidos como corruptos (27%), estos ocupan el cuarto lugar; los diputados, el gobierno local y los empresarios, están en quinto lugar (24%).