La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusó al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas, informaron fuentes ligadas al sistema de justicia del régimen.
La Fiscalía al servicio de la dictadura presentó la acusación el pasado 14 de octubre, es decir, horas después de la detención violenta del sacerdote por parte de la guardia sandinista, que se registró en su domicilio, ubicado en carretera sur en Managua.
La acusación de tres páginas se presentó las 10:56 de la mañana de esa fecha. Martínez es el onceavo sacerdote encarcelado en la escalada judicial de Ortega contra la Iglesia católica, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encuentra secuestrado, se supone, en la casa de sus familiares en Managua por la Policía de Ortega y Murillo, desde el viernes 19 de agosto.Dictadura anuncia de qué acusará a monseñor Rolando Álvarez
El padre Martínez Gamboa denunció con voz firme las violaciones a los derechos humanos del Estado contra los nicaragüenses en 2018. Un familiar del sacerdote interpuso el lunes 17 de octubre un recurso de exhibición personal, el que se encuentra en “trámite”, recurriendo de esta manera ante el magistrado Octavio Rothschuh Andino en contra de las actuaciones del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, el sancionado Luis Pérez Olivas.
En manos de verdugos de secuestrados políticos
El espurio caso lo llevará adelante la jueza Karen Chavarría Morales, Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua bajo el número de expediente 022576-ORM4-2022-PN. En la acusación el Estado de Nicaragua figura como “víctima”, el caso será representado por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas.
El libelo acusatorio consta de tres páginas. Tanto la juez como la fiscal han participado en casos contra los presos políticos.
Ramírez Olivas es recordada por su persecución a la prensa independiente en casos como la reciente persecución a trabajadores del diario La Prensa, pero también por amenazar a periodistas en los interrogatorios realizados en junio de 2021 durante la fabricación del caso por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
En 2021, la jueza Chavarría Morales, sancionada por Estados Unidos, ordenó precisamente la captura de la aspirante presidencial y expresidenta del organismo, Cristiana Chamorro Barrios.