Los familiares de los secuestrados políticos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Nuevo Chipote”, denunciaron que la dictadura sandinista no ha permitido visitas de los familiares y reiteraron que sus vidas están en riesgo.
Además, afirman que es parte de la tortura psicológica que el régimen de Daniel Ortega implementa para reprimir y afectar a los familiares.
“No nos brindan información de cómo se encuentran, cuando insistimos nos amenazan con no recibir el agua, se vuelve aún más desesperante con el paso del huracán Julia, desconocemos que paso con ellos o como actuó la institución policial para resguardar sus seguridad, tomando en cuenta que en las celdas hay humedad e incluso se inundan”, dijo Andrea Larios, hija del secuestrado político Irvin Larios, quien se encuentra en huelga de hambre.
Preocupación por condiciones luego del paso del huracán
Ramón Mendoza, hermano del cronista deportivo secuestrado Miguel Mendoza, expresó preocupación porque la Dirección de Auxilio Judicial no ha informado sobre las condiciones en las que se encuentran los familiares luego del paso del huracán Julia.
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“Nuestra preocupación es porque en las celdas donde están hay humedad, entra agua. No sabemos qué fue lo que pasó y cómo fue tratado el problema en la cárcel. Estamos muy preocupados por la situación y sabemos que su vida está en peligro”, añadió.
Larios añadió que la salud y vida de Miguel Mendoza, Roger Reyes y Dora María, se encuentra en peligro, ya que los tres iniciaron una huelga de hambre como última alternativa de demanda de mejores condiciones y que se les permita ver a sus familiares.
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“Es importante que se les brinde atención médica especializada, alimentación adecuada y la garantía de respeto a sus derechos humanos. Tememos que puedan morir en ese centro de torturas, cada día que pasa sus vidas corren más riesgo”, añadió.
Por tanto, demandaron el cumplimiento del código de la niñez y de ley penitenciaria, el cual permite a sus hijos ver a sus padres y a los reos de comunicarse y ver a sus hijos.
También piden regularización de visitas periódicas cada 15 días para ver a sus familiares presos políticos y constatar su estado de salud.
Finalmente, los familiares exigieron la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas políticas, así como el respeto a sus derechos humanos.